Carmen Calvo avisa de que el Gobierno puede otorgar indultos pese a que los informes sean contrarios

No se pronuncia aún abiertamente, pero el Gobierno sigue abonando el terreno para proceder, eventualmente, al indulto de los líderes independentistas del procés condenados por el Tribunal Supremo hace poco más de un año. La vicepresidenta Carmen Calvo se sumó este lunes al cuestionamiento del informe realizado por la Fiscalía en contra del perdón gubernamental y advirtió de que el Consejo de Ministros no tiene por qué seguir ni su criterio ni el que aún debe emitir el tribunal sentenciador. «De eso hay todo tipo de ejemplos de todos los Gobiernos», alegó.

Calvo afeó, en una entrevista en TVE, que los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal apelaran en los doce escritos presentados la semana pasada a que los hechos protagonizados por los doce condenados desbordan los «contornos legales» del delito de sedición, por el que fueron condenados nueve de ellos, para entrar en «algunos de los elementos típicos de la rebelión». «Ese informe -adujo- abunda en una posición contraria de la posición de la Sala Segunda del Supremo que emitió la sentencia».

El pasado miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se mostró crítico con los argumentos del ministerio público, por remarcar que esa medida no está concebida para «satisfacer intereses políticos coyunturales» u operar como «moneda política de cambio» en las negociaciones parlamentarias. «A mí me gusta que los informes sean técnico-jurídicos», recriminó el ministro. 

Campo y Ábalos

Tampoco es la primera vez que un miembro del Ejecutivo recuerda que los informes que ha de analizar el Gobierno antes de conceder un indulto son preceptivos, pero no vinculantes. Ya lo hizo el pasado día 15 el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en la Moncloa. Y el pasado fin de semana, en La Vanguardia, el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, argumentó que «el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia» .

En principio, se espera que los magistrados que condenaron a los dirigentes independentistas también se pronuncien en contra del indulto, como se opusieron a que se les concediese el tercer grado (o régimen de semilibertad). En todo caso, su informe aún tardará en llegar y cabe la posibilidad de que ni siquiera para antes del 14 de febrero, cuando se celebran las elecciones autonómicas en Cataluña, porque, además de la opinión de la Fiscalía, quiere recabar la de la Abogacía del Estado.

La número dos del Ejecutivo aseguró que los comicios no marcan para el Ejecutivo ningún plazo temporal y defendió que el indulto es un derecho de gracia que tienen «todos los que cumplen una condena». Además, insistió en que no siempre se conceden con informes favorables y que eso también forma parte de la «normalidad procedimental». Sin embargo, según los datos recientemente ofrecidos por el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, en el Congreso, solo un 2 % de los concedidos entre el 2018 y el 2019 lo hicieron con el tribunal y la Fiscalía en contra. 

«Lo volverán a hacer»

El PP ya se adelantó ayer a rechazar la posibilidad de que los condenados del procés engrosen la lista de excepciones y frente a las palabras de Ábalos, su portavoz, José Luis Martínez-Almeida, defendió que la «obligación moral» del Gobierno es que se respete la ley. «Si no hay arrepentimiento -dijo- ¿cómo se va a indultar?». El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, rechazó, por su parte, que indultar a los presos del 1-O pueda servir para «aliviar la tensión», ya que «nunca en la vida se ha conseguido pacificar o aliviar la tensión con aquellos que dicen que ‘lo volverán a hacer'».

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