La Audiencia de Madrid absuelve a Cristina Cifuentes de la falsificación de un trabajo de fin de máster

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Cristina Cifuentes respira aliviada. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018 conoció este lunes su absolución por el llamado caso Máster. Una causa penal que supuso el principio del fin de su carrera política cuando se encontraba en su mejor momento profesional, ya que la dirección del Partido Popular la situaba como referente de gestión y ejemplo a seguir tras el duro trance que dejó la corrupción en sus antecesores, los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, respectivamente.

Aunque la dimisión de Cifuentes se produjo en abril del 2018 tras publicarse en un medio digital un vídeo de un hurto en un supermercado, la marejada que dejaba entonces el caso Máster y la puntilla de la citada grabación sustrayendo usa cremas supuso la tormenta perfecta para poner fin a su dilatada aventura en los despachos de poder.

Cifuentes, que se puso en las manos de uno de los penalistas más reputados de Madrid, el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, para defender su inocencia, conoció este lunes de primera mano su exoneración en la Audiencia Provincial de Madrid, a donde acudió de punta en blanco acompañada de su hijo. El tribunal consideró por unanimidad que no se ha podido probar la tesis de la Fiscalía, que reclamaba tres años y tres meses para la acusada por un delito de inducción a la falsedad documental. La sentencia desestimó que la también expresidenta del PP regional fuera «la única, la primera y la última beneficiaria» del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), correspondiente al curso que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). La razón de este comportamiento, según la Fiscalía, era «salvar su reputación y su carrera política», mientras que su defensa apuntó de forma directa a la responsabilidad de la universidad en los hechos enjuiciados.

El tribunal de la sección 15 sí declaró probado que hubo una falsificación del acta y, por este motivo, condenó a la profesora y exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito a la pena de tres años de prisión por falsedad documental. Mientras que la tercera acusada, la profesora universitaria Cecilia Rosado, que en la vista oral reconoció haber colaborado en la falsificación del acta y que era la principal prueba de cargo de la Fiscalía, ha sido castigada a un año y seis meses de prisión tras aplicarle la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, beneficiarse de su colaboración con la justicia en este caso.

«Plagado de irregularidades»

En su sentencia, los magistrados dan por acreditado que el máster de Derecho Autonómico de Cifuentes «estuvo plagado de irregularidades», pero que de lo actuado no ha resultado probada «ninguna intervención» de ella en el delito del que había sido acusada: la inducción a la falsedad documental. «Las sospechas legítimas que pudieran existir no se ha convertido en prueba suficiente», señala la resolución, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

La sentencia añade que no se puede obviar «el interés de esta en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, pero nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión», recalca la Sala, que incide en que «el hecho de exhibir públicamente la copia del documento del Trabajo de Fin de Máster que recibió el rector Javier Ramos no es más que un indicio, no corroborado por otros».

También alude el fallo a las referencias de la fiscal acerca de que hubo presión del «entorno» de Cifuentes, a lo que los magistrados responden que se han de rechazar «esas alusiones genéricas», que atribuyen «la condición de sujeto activo del delito a un colectivo difuso e indeterminado, sin personalidad propia, contradiciendo las bases del Derecho Penal moderno y yendo en contra de la doctrina que exige la determinación individual del sujeto activo del delito, sea persona física o jurídica».

La representante del ministerio público habló de presiones en su informe de conclusiones haciendo referencia a las llamadas «reiteradas» que hizo el exconsejero de Educación Rafael Van Griken al rector para obtener información sobre lo sucedido, así como a las llamadas de Feito a Rosado para que se «solucionara» el problema.

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