El rey Juan Carlos I se revuelve contra la Fiscalía por señalarlo como comisionista

Don Juan Carlos pasó ayer de la defensa al ataque. Al rey emérito no le ha gustado que se conociera el contenido de la comisión rogatoria cursada por la Fiscalía del Tribunal Supremo a Suiza, en la que se afirma que habría cobrado durante años comisiones internacionales de forma ilegal, con lo que podría haber incurrido en varios delitos. Hasta cuatro. Considera que los detalles de este requerimiento judicial, «conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano», porque se trasladan a la opinión pública «valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente» su figura.

La Fiscalía General del Estado aclaró, sin embargo, que no se está «ante una petición de procesamiento o conclusiones del fiscal» y que el documento enviado a Suiza responde únicamente a una petición de información a las autoridades de ese país. Serán estas las que ahora deban «confirmar o descartar» los «indicios de criminalidad» contra el rey emérito. De confirmarse la procedencia ilícita de su fortuna, el ministerio público presentaría una querella contra el anterior jefe del Estado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única que puede investigarlo dado que disfruta de la condición de aforado.

En el escrito remitido a Suiza el pasado 24 de febrero, el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, plasmaba sus sospechas sobre don Juan Carlos y el posible origen fraudulento de su patrimonio. Apuntaba a él como perceptor de «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales». También se hablaba de «elementos indiciarios» de que los fondos millonarios de los que Juan Carlos de Borbón disfrutó años después de su abdicación procedentes de la fundación Zagatka podían proceder de las citadas comisiones por intervenir en operaciones internacionales. Casualidades o no, dos días después el rey emérito regularizó 4,4 millones de los gastos de Zagatka para evitar una querella.

 Cuatro delitos

El fiscal se refería al presunto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca construido por un consorcio de empresas españolas por el que está siendo investigado el rey emérito desde el 2018 y por el que la Fiscalía ha solicitado también información a Arabia Saudí.

De estar en lo cierto en el ministerio público, don Juan Carlos podría haber cometido al menos cuatro delitos: contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Unas afirmaciones «graves», pero «sin apoyatura alguna» y «carentes de la más mínima justificación», según se defendió el rey emérito a través de su abogado, Javier Sánchez Junco. En un comunicado, el citado letrado quiso recalcar que esa solicitud de ayuda judicial internacional en ningún caso es pública y «salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que conste hayan sido comunicadas a parte alguna», precisó.

Hacienda comprueba los pagos de la Casa del Rey al exjefe del Estado hasta el 2018 

Clara Alba

Hacienda ha solicitado a la Casa del Rey información sobre todos los pagos que realizó a Juan Carlos I desde su abdicación en junio del 2014 hasta el 2018. A pesar de que desde el ministerio evitan pronunciarse sobre contribuyentes específicos, sí explican que este tipo de comprobaciones se realizan siempre que se produce una regularización fiscal, como las efectuadas por el monarca de forma voluntaria recientemente.

En la primera, el emérito abonó a Hacienda unos 678.000 euros para regularizar pagos percibidos entre el 2016 y el 2019. En la segunda, conocida el pasado febrero, pagó más de 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios, en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

«Como en cualquier regularización, se solicitan los datos para comprobar que son completas y veraces», indican fuentes consultadas. En concreto, Hacienda ha pedido los ingresos que la Casa del Rey realizó en la cuenta del emérito para cubrir su asignación anual, presupuestada en unos 198.800 euros entre los años señalados.

Según informa el diario El País, también se estarían investigando otros pequeños ingresos que algunos funcionarios hicieron en la cuenta del monarca emérito, con el objetivo de poder averiguar el origen concreto de ese dinero, así como el de los empresarios que pagaron su última regularización fiscal.

El Gobierno ve «preocupantes» los indicios contra el emérito, pero pide prudencia 

P. de las Heras

La noticia de que la Fiscalía del Supremo ve indicios de que don Juan Carlos forjó su fortuna gracias a las comisiones percibidas por su papel de intermediario en negocios de distinta índole volvió a colocar este viernes al PSOE en una situación delicada frente a sus principales socios que, una vez más, reclamaron que se siente al monarca en el banquillo y se abra una comisión de investigación en el Congreso.

El Gobierno lleva más de un año trabajando con la Casa del Rey para tratar de amortiguar el daño que los escándalos económicos que salpican a don Juan Carlos pueden causar en la institución monárquica, pero no ha logrado aplacar las críticas de sus aliados. Hasta la fecha, además, ha evitado dar pasos como la discutida aprobación de un proyecto de ley sobre la Corona. 

«Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas oportunas»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió que el hecho de que la Fiscalía entienda que el exjefe del Estado se lucró como comisionista resulta «preocupante», pero pidió esperar a que la investigación llegue hasta el final, algo que también hizo el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia. «Esto lo que demuestra que nuestro país cualquier ciudadano es igual ante la ley», adujo en RNE.

«Espero a lo que digan las resoluciones judiciales»

La cautela reclamada por los socialistas encontró eco en el PP. Su portavoz, José Luis Martínez-Almeida, adujo que antes de sacar conclusiones sería bueno esperar a las resoluciones judiciales y argumentó que, en todo caso, el rey Juan Carlos seguirá contando con su «admiración» por el papel que desempeñó en el paso de la dictadura a la democracia. «Se despojó (voluntariamente) de los plenos poderes que había recibido», recordó.

 «Que no sueñen con que esto va a hacer caer a Felipe VI»

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, avisó, sin embargo, de que son muchos los españoles que aun valorando la labor del rey emérito en la Transición, se sienten «sorprendidos y defraudados». «Ahora bien, que Podemos y los separatistas no sueñen con que esto va a hacer caer a Felipe VI porque la monarquía es una de las instituciones mejor valoradas y él está llevando la Jefatura del Estado desde la ejemplaridad y la transparencia». 

«Rey a tiempo completo y comisionista en ratos libres»

Los partidos republicanos, ERC, Unidas Podemos. Más País y Compromís, compañeros de viaje del PSOE, llevan años tratando, en balde, que el Congreso abra una investigación sobre los negocios de don Juan Carlos. Este viernes avisaron de que volverán a la carga y conminaron a los socialistas a cambiar de actitud. Podemos incluso reclamó al Gobierno que ayude, a través de la Agencia Tributaria, a que el exjefe del Estado sea juzgado.

Tanto el socio minoritario del Ejecutivo como el resto de partidos denuncian años de encubrimiento. «Rey a tiempo completo y comisionista internacional en sus ratos libres. O al contrario. Y amparado -remarcó Podemos- por políticos y gran parte de la prensa».

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