Aragonès insiste en vísperas de la Diada y de la mesa que no renuncia al referendo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, avisó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «el referendo es un compromiso democrático» al que «no renunciará». En su primer discurso institucional de la Diada como jefe del Ejecutivo de Cataluña, advirtió de que «no descansará hasta hacer realidad» la autodeterminación. Un reto que para el Gobierno de Sánchez «no es el camino del diálogo, así no hay reencuentro».

Aragonès llamó a la movilización para participar en las manifestaciones y que «la fuerza del 11S, llenando plazas y calles de todo el país» se traslade a la mesa de diálogo con el Gobierno. La Diada llega este año marcada por los indultos a los presos del procés, de los que se cumplen ya casi tres meses, y el foro entre las dos Administraciones, que se reunirá la semana que viene, entre el jueves y el viernes, según anunció Aragonès.

El presidente catalán defiende la mesa con el Gobierno como vía para negociar una «resolución al conflicto». A su juicio, ya es una «victoria» del secesionismo haber conseguido sentar al Ejecutivo y «abrir una negociación» de «Gobierno a Gobierno», y que el resultado cuente con el aval de la ciudadanía a través de una votación». 

Aviso a Sánchez

El objetivo de los republicanos es forzar a Sánchez a negociar un referendo, hacerlo «inevitable», según las palabras de Aragonès en su discurso del 11S, aunque es consciente de las dificultades. Apostó días atrás, lo que le costó un tirón de orejas de la Moncloa, por fijar la fecha de la consulta como muy tarde en el 2030. Ayer rectificó y evitó los límites temporales. Eso sí, avisó a Sánchez de que se olvide de sacar el tema del aeropuerto de El Prat y que la mesa es para abordar un conflicto político y de soberanía y sus propuestas serán autodeterminación y amnistía. Aragonès fía su futuro político a la mesa, pero ERC es casi el único partido independentista que la defiende.

Esquerra y Junts no se dan tregua ni en vísperas de la Diada, una jornada de exaltación nacionalista, en la que para sus intereses tendrían que dar una imagen de unidad para no desmovilizar más a su desmoralizada parroquia. Pero no se aguantan.

Los dos primeros espadas de la política catalana, el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlamento autonómico protagonizaron ayer un intercambio de golpes, que resume bien las enormes diferencias entre dos formaciones socias de gobierno, pero que discrepan sobre cómo reactivar el procés. 

Choque Aragonès y Borràs

En las horas previas a pronunciar su discurso institucional, pronunciado desde un hospital, el presidente se defendió de las críticas del independentismo más radical -que le acusa de sentarse con Sánchez para escenificar una rendición- e instó a los que creen que hay una alternativa al diálogo que pongan una propuesta «concreta» sobre la mesa. La alternativa, replicó Laura Borràs, es la unilateralidad.

«Pedir concreción es inaceptable cuando la tuya es tan pobre», le espetó la presidenta de la Cámara en un mensaje que hizo suyo su partido. La mesa, dijo, es un eslogan condenado al fracaso.

Aragonès pactó con la CUP darle dos años de margen a la mesa de diálogo. Pero si el resultado de la primera reunión no satisface, al presidente se le van a hacer muy largos los dos años hasta que se someta a la moción de confianza. De hecho, ya hay sectores de Junts que cuestionan la permanencia en la Generalitat. Los dos socios chocan en la estrategia identitaria, pero también en cuestiones sectoriales, como la ampliación del aeropuerto, que el vicepresidente Puigneró (Junts) acordó con el Gobierno y ERC desautorizó. La agenda del reencuentro, puesta en marcha por el Gobierno de Sánchez, ya ha tenido consecuencias. El ambiente político en Cataluña es más respirable y la mesa de diálogo ha distanciado a ERC y Junts.

La mitad del Parlamento catalán rinde un homenaje a «las víctimas de la represión» 

La Cámara catalana volvió ayer a partirse en dos, con los secesionistas por un lado y los no independentistas por otro. Fue en el acto de entrega en el Parlamento autonómico de las medallas de oro de la institución con motivo de la Diada.

La presidenta de la Cámara, Laura Borràs, (Junts) concedió la máxima distinción de la entidad a lo que el secesionismo califica como «víctimas de la represión» del Estado. Son unos 3.500, según los cálculos de los nacionalistas.

Las fuerzas no secesionistas, el PSC, Vox, Ciudadanos y el PP, se ausentaron de la ceremonia, al entender que se trata de un acto partidista en el que no estaba representada toda la sociedad catalana. La formación naranja habló de «secuestro» de las instituciones por parte del nacionalismo. Los comunes acudieron, pero no aplaudieron a Borràs.

Los más de 3.000 represaliados del procés es una cifra convertida en un mantra del secesionismo, como el que asegura que el 80 % de la población apoya la celebración de un referendo sobre la independencia. En esa lista de varios miles de personas incluyen a los doce condenados por el Tribunal Supremo, ahora indultados, los fugados (Puigdemont, Ponsatí, Puig, Comín, Gabriel, Rovira y Valtonyc), la inhabilitación de Quim Torra, las decenas de personas investigadas por el Tribunal de Cuentas, o los más de 700 alcaldes imputados, condenados o procesados por colaborar con el 1-O. También incorporan a la excúpula de los Mossos, juzgada y absuelta por la Audiencia Nacional, a los exmiembros de la Mesa del Parlamento autonómico, que fueron condenados por desobediencia, los integrantes de la sindicatura electoral del 1-O y los más de 700 ciudadanos investigados en diferentes causas relacionadas con el procés, ya sea activistas de los CDR en las protestas o en las acciones de Tsunami Democràtic. 

Acusaciones de la Generalitat

En lo que Òmnium Cultural llama el «mapa de la represión», sitúan también a las mil personas que resultaron heridas el 1-O y las cerca de 400 que sufrieron daños en los enfrentamientos con la policía en las protestas tras la sentencia del procés, en el 2019.

Uno de los represaliados, Roger Español, que perdió un ojo por una pelota de goma, fue muy crítico con las fuerzas políticas catalanas.

Borràs llamó a culminar el 1-O y reclamó que la Generalitat retire las acusaciones particulares contra las «víctimas de la represión».

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