El Constitucional redacta un fallo contra el cierre del Congreso en el confinamiento
ESPAÑA
Nuevo golpe al Gobierno si estima que se violó el derecho al control parlamentario
18 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Constitucional (TC) prepara un segundo varapalo al Gobierno por sus iniciativas parlamentarias para combatir la crisis sanitaria del coronavirus. Tras declarar ilegal la aprobación del primer estado de alarma por un estrecho margen de seis votos a cinco, la corte de garantías tiene previsto considerar inconstitucionales los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados, sacados adelante con los apoyos de los grupos parlamentario del PSOE y Unidas Podemos, por los que se limitó la actividad parlamentaria en marzo del 2020. Tras aprobarse el primer estado de alarma y el confinamiento domiciliario.
La ponencia sobre este recurso presentado por Vox ha correspondido al magistrado conservador Antonio Narváez, y se incluyó en el orden del día del Pleno del TC que comenzó el pasado martes. En esos primeros debates se ha dilucidado que una mayoría de los magistrados consideran que esos acuerdos de la Mesa vulneraron el derecho al control parlamentario del Gobierno.
El parón o «secuestro» de la Cámara Baja, como lo tildó el partido de Santiago Abascal, tras el acuerdo que suspendía los plazos para las iniciativas parlamentarias en tramitación estuvo vigente desde el 14 de marzo hasta el 13 de abril del 2020. Un mes que coincidió con la primera parte del confinamiento domiciliario que se extendió durante 98 días.
El recurso de amparo de Vox fue admitido a trámite y en el pleno celebrado en el Constitucional el martes se debatió el borrador de la sentencia que se prepara sobre este asunto. El ponente era el magistrado Antonio Narváez. Según indican distintas fuentes, Narváez se había inclinado en su texto por rechazar el recurso y, por tanto, por no declarar inconstitucional ese parón parlamentario.
Próxima cita, en octubre
Sin embargo, en el transcurso del debate se vio que su tesis no contaba con la mayoría suficiente y el ala conservadora acabó imponiendo su peso numérico en el Pleno. Está por ver si a esta mayoría se suma la vicepresidenta Encarnación Roca (propuesta en su día por el Parlamento catalán con el apoyo del PSC y CIU), cuyo voto decantó la sentencia del primer estado de alarma para sorpresa del Gobierno.
La intención de la corte de garantías pasa por estudiar el nuevo borrador de sentencia en el próximo Pleno, previsto para octubre. ¿Qué ocurrirá? Podría suceder algo parecido a lo que pasó con el fallo que acabó anulando el confinamiento domiciliario en España bajo la herramienta del estado de alarma, es decir, que el texto legal salga adelante por la mínima, en una ajustada votación.
De ser así, se confirmaría el segundo varapalo para el Gobierno y para las Cortes por la estrategia seguida para prevenir la pandemia. Eso sí, habrá que ver los argumentos de la sentencia que declare inconstitucional el parón de la actividad parlamentaria.
Especialistas en Derecho Constitucional apuntan a que puede ser que los magistrados se apoyen en el apartado quinto del artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. En él se indica: «No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados».
Vox, de solicitar la suspensión de plenos a recurrirla en los tribunales
El Congreso asegura que no cerró durante el confinamiento y siguió operativo para asuntos urgentes. La presidenta, Meritxell Batet, anunció el 12 de marzo que se suspendían las sesiones durante dos semanas por «indicaciones sanitarias». Entonces, varios diputados de Vox dieron positivo en covid y su grupo pidió por carta a la presidencia que se suspendieran los plenos y las comisiones hasta tener la certeza de que podían ejercer su labor «sin riesgo para la salud». Después recurrieron la medida ante el Constitucional.