El Supremo no ve ningún escollo legal para tramitar la entrega de Puigdemont tras su detención en Cerdeña
ESPAÑA
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresidente catalán, ya ha remitido a la autoridades judiciales italianas la euroorden cursada el 14 de octubre de 2019 contra él. Sánchez pide que Puigdemont se «someta» a acción de la Justicia y Aragonès exige su puesta en libertad
24 sep 2021 . Actualizado a las 15:38 h.El juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido este viernes al Tribunal de Apelación de Sassari la orden de detención europea que pesa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El expresidente catalán fue detenido ayer por las autoridades italianas a su llegada al aeropuerto de Alguer, en la isla de Cerdeña. Policías de paisano lo arrestaron en la terminal.
Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde el otoño caliente del 2017 en Cataluña, cuando huyó a Bélgica, acudía a Cerdeña para participar en un acto con el alcalde de Alguer, quien ofrecía una recepción a los asistentes a un encuentro internacional organizado por la asociación Adiflok, dedicada a la difusión del folklore, y al que también estaba previsto que acudiese la consejera de Exterior, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, también de Junts per Catalunya.
Carles Puigdemont, que confía en poder «quedar hoy en libertad», permanece encarcelado en la prisión de alta seguridad de la ciudad de Sassari, informa Efe, a la espera de pasar hoy a disposición judicial, según aseguró su abogado en Italia, Agostinangelo Marras.
«Lo he encontrado bien y con confianza de que la situación pueda ser resuelta lo antes posible. Espera poder salir en libertad, confiamos en que pueda ser hoy», tras la audiencia de convalidación del arresto o de la libertad que «se celebrará entre las 14.00 y las 15.00 horas», dijo Marras.
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido «hoy más que nunca» el diálogo en Cataluña, pese a las consecuencias que pueda tener el arresto del expresidente catalán Carles Puigdemont, de quien ha dicho que «lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia».
Mientras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido la puesta en libertad de Puigdemont, porque «es el clamor de una mayoría de la sociedad catalana, es el clamor del Govern y también el mío». Esta tarde viaja a Cerdeña junto al vicepresidente Jordi Puigneró.
«La euroorden nunca se desactivó»
En el Tribunal Supremo no tienen la menor duda: «Las euroórdenes contra Carles Puigdemont y sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín están plenamente vigentes porque nunca se desactivaron». Y por ello, a priori y siempre a expensas del proceso jurídico que se abre ahora con las autoridades italianas, no habría ningún escollo legal para tramitar la entrega del expresidente o, al menos, comenzar el trámite burocrático para poner en marcha la ejecución de la Orden Europea de Detención (OED) tras producirse el arresto. En ningún momento -insisten en el Supremo- el instructor del procés ha dejado en suspenso esa OED contra Puigdemont, ya que se solo se limitó a pedir a la justicia europea una aclaración sobre la postura de Bélgica de negar la entrega del huido.
La detención este jueves de Puigdemont en Cerdeña -explican en la corte de la Plaza de Villa de París- es consecuencia directa de la resolución del 30 de julio del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que rechazó las medidas cautelares reclamadas por Puigdemont, Ponsatí y Comín contra la decisión del Parlamento Europeo de marzo de 2021 de dar curso al suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo y acabar con la inmunidad de los tres eurodiputados, salvo para estos pudieran acudir a las sedes de la Eurocámara en Bruselas (Bélgica) y Estrasburgo (Francia).
O sea, entiende el alto tribunal español, Puigdemont no tenía ningún tipo de inmunidad en Italia por no estar desplazándose al parlamento europeo.
Cuestión prejudicial
El Tribunal Supremo sostiene que la euroorden que ha permitido el arresto de Puigdemont nunca ha dejado de estar vigente desde que se reactivó en octubre de 2017 porque en ningún momento Llarena en la cuestión prejudicial que planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidió la suspensión de la OED, aunque así pareció darlo a entender una resolución del Tribunal General de la Unión Europea.
Esta última instancia, en la resolución en la confirmó el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, afirmó que «nada» permitía «considerar» que las autoridades judiciales belgas o las de «cualquier otro estado miembro» pudieran «ejecutar las órdenes de detención europeas» contra el expresidente y sus exconsejeros y «entregarlos a las autoridades españolas». Y ello -el argumentó el TGUE- porque estaba pendiente de resolverse por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión planteada por el juez Llarena en marzo de 2021 sobre la interpretación que hizo Bélgica de la directiva de las euroórdenes, por la que rechazó la entrega del exconsejero catalán Lluís Puig.
En esencia, Llarena -sostiene el Supremo- llevó el caso a la corte de Luxemburgo por entender que un juez belga no tenía capacidad para rechazar la euroorden, pero no anulo su orden, aunque así lo habría apuntado el TGUE, quien en su auto de julio afirmó que las «autoridades españolas» -sin decir cuáles ni especifica en qué términos- habían dicho «expresamente» que hasta que no se resolviera esa pregunta de Llarena, «la ejecución de las órdenes de detención también ha sido suspendida».
«Vigente en el resto»
Desde el Supremo han insistido en las últimas horas que el instructor Pablo Llarena «solo se refería aclarar una cuestión que alegó Bélgica, que no tiene que ver con Italia o cualquier otro país europeo. Llarena dejó en manos de Bélgica suspender o la euroorden, pero la OED sigue totalmente vigente en el resto de los países», apuntaron con seguridad fuentes del tribunal de la Plaza de Villa de París, que abundaron que las autoridades italianas podrían perfectamente tramitar la entrega del huido sin esperar a conocer la resolución de esa cuestión prejudicial porque esta cuestión afecta exclusivamente a Bélgica.
De hecho, recuerdan en el Supremo, el propio TGUE, a pesar de sus afirmaciones, contemplaba la posibilidad de que el expresidente y los exconsejeros sí que pudieran ser detenidos en cualquier estado de la UE, como finalmente así ha ocurrido. El TGUE afirmaba que, pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, «los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas».
«Suspendida»
Obviamente, la interpretación que hace la defensa de Puigdemont es diferente a la del Supremo, pues entiende que las órdenes de detención y entrega quedaban suspendidas hasta que el TJUE se pronunciara sobre la consulta del instructor del procés. Sin embargo, el expresidente aborgó este verano un nuevo viaje al pueblo francés de Perpignan (muy próximo a la frontera) ante el miedo de ser detenido, según reconocieron sus propios colaboradores.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, dejó escrito en Twitter sus argumentos minutos después de que su cliente fuera detenido en Italia.
«El president Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE- se encuentra suspendida. España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima», apuntó el letrado.
El independentismo clama contra la detención de Puigdemont
Aragonès no acude a la protesta de los líderes soberanistas ante el Consulado de Italia en Barcelona
A la misma hora que se creía que Carles Puigdemont iba a pasar a disposición judicial, tras su detención este jueves en el aeropuerto italiano del Alguer, en Cerdeña en virtud de la orden de detención europea emitida por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, y después de pasar la noche en prisión, el independentismo se ha movilizado frente al Consulado de Italia en Barcelona, en el centro de la capital catalana.
Varios centenares de personas se han concentrado para protestar contra el arresto de esta pasada noche, al grito de «Puigdemont, el nostre president». Entre el público, miembros del Govern catalán, pero solo de Junts, no de Esquerra, ni el presidente Pere Aragonès, pero sí la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, así como representantes de los partidos secesionistas ERC y la CUP o los dirigentes de las plataformas nacionalistas, ANC y Omnium Cultural, entidades convocantes. Se da la circunstancia de que las propias fuerzas independentistas han cargado contra la decisión de los Mossos, dirigida por el Govern y en concreto por un consejero de ERC, que no ha permitido a los manifestantes acceder a la calle que da al Consulado italiano.
Eso sí, ERC y Junts han discrepado sobre los efectos políticos que puede provocar el arresto del dirigente soberanista en el aeropuerto de Cerdeña, a donde viajó para acudir hoy a un acto de folclore de diferentes zonas de lo que el independentismo llama Països Catalans. Ambos partidos condenan el arresto y se muestran enérgicos contra lo que a su entender es una escalada de la «represión» del Estado. Pero, mientras Junts cree que la detención dinamita la mesa de diálogo entre el Gobierno, ERC se muestra más cauta y apuesta por que se mantenga el diálogo. Junts fue a primeras horas más prudente, pero sus dirigentes dieron por muerta la mesa tras conocer el comunicado de la Moncloa sobre la detención.
Reacciones políticas
El Gobierno, horas después de la detención, afirmó que Puigdemont «debe someterse a la acción de la justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano» y apuntó que la detención en Cerdeña obedece «a un procedimiento judicial» que está en curso. El Ejecutivo manifestó su respeto por «las decisiones de las autoridades italianas». «La detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales», aseguraron fuentes de la Moncloa.
«Creo que deter a unha persoa que está declarada prófuga por un tribunal como o Supremo é o normal. O que é excepcional é que poida haber un prófugo reclamado pola xustiza dun país democrático da Unión Europea que poida estar predicando contra as institucións democráticas españolas, contra a xustiza española e ademais o poida facer cun sueldo, cun coche e con secretaria. Iso é moi sorprendente para un país democrático e para a Unión Europea», aseguró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, sobre la detención de Carles Puigdemont, concluyendo que «é unha boa nova e espero e desexo que todos os cidadáns que viven en España sexan iguais ante a lei».
«Ningún ciudadano por moita relevancia política que poida ter pode saltarse a xustiza e ter privilexios que non teñen o resto dos cidadáns sen esa relevancia política», destacó.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue una de las primeras personas en hacer declaraciones y ha celebrado la detención del expresidente de la Generalitat. «Es una buena noticia para todos los demócratas», aseguró en su perfil de Twitter. «Espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley», añade.
También el líder del Partido Popular, Pablo Casado, publicó un tuit para reivindicar que Puigdemont sea «juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional» e instó a Pedro Sánchez a «comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder».
Incógnitas judiciales y políticas
Se desconoce aún qué decisión adoptarán os jueces de la Corte de Apelación de Sasser (Cerdeña), el juzgado que se ha hecho cargo de su causa. Los abogados del expresidente confían en que sea puesto en libertad en las próximas horas o días, aunque también existe la posibilidad de que la justicia italiana autorice la extradición a España para que sea juzgado en el Tribunal Supremo.
Se trata de la segunda detención del líder nacionalista desde su huida de la justicia española, el 30 de octubre de 2017, después de que el Parlamento catalán declarara la independencia. En la primera, fue detenido en Alemania en 2018, a la altura de la localidad de Schuby, cuando se dirigía en dirección sur hacia Hamburgo. El vehículo en el que viajaba Puigdemont había cruzado la frontera entre Dinamarca y Alemania, desde donde quería regresar a Bélgica. Fue detenido a unos 30 kilómetros de la frontera. En abril de ese año el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, dictó su libertad bajo fianza de 75.000 euros e indicó que la extradición era posible si era para ser juzgado por malversación, pero no por un delito de rebelión.
La detención tiene la derivada política, en concreto provoca turbulencias a la mesa de diálogo y pone en jaque la estabilidad del Gobierno central y el catalán. Sin el delito de sedición reformado, la mesa de diálogo puede saltar por los aires. Pone a prueba la alianza entre Junts y ERC, y deja en suspenso el eventual apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado.
El incierto panorama judicial de Carles Puigdemont
Dependerá no solo de la Justicia italiana sino de la eventual inmunidad que el Tribunal General de la UE (TGUE) le pueda volver a conceder
Rafael Martínez / Efe
La detención del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) abre un incierto panorama judicial sobre una futura entrega a España que dependerá no solo de la Justicia italiana sino de la eventual inmunidad que el Tribunal General de la UE (TGUE) le pueda volver a conceder, lo que frenaría todo el proceso.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe advierten de que aunque Italia pueda parecer «a priori» un país más proclive a Bélgica o Alemania para acordar la extradición de Puigdemont, hay que ser «prudentes» porque lo mismo se pensaba de Alemania y, además, la posición de las autoridades judiciales italianas puede quedar condicionada a las próximas decisiones que adopte la Justicia europea sobre la inmunidad del expresident.
A continuación, un repaso a las preguntas y escenarios que se abren tras una noticia inesperada que irrumpió anoche de madrugada:
¿Qué ha ocurrido?
Carles Puigdemont fue arrestado anoche a su llegada al aeropuerto de Alguer por una orden cursada por el Tribunal Supremo y trasladado a la cárcel de Sassari, en Cerdeña, a la espera de pasar a disposición judicial, lo que puede ocurrir hoy o mañana.
El expresident se había desplazado a la isla italiana desde Bruselas para participar en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk, junto a la consellera de Acción Exterior, Victoria Alsina.
¿Por qué se le ha detenido?
Las autoridades judiciales italianas han ejecutado la orden europea de detención que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó por un delito de sedición y otro de malversación el 14 de octubre de 2019. Italia ha actuado así porque el expresident ya no goza de la inmunidad parlamentaria como eurodiputado desde el pasado 30 de julio, cuando se la retiró la Justicia europea.
¿La euroorden estaba vigente o suspendida?
Aquí está la clave de bóveda. Conviven tres versiones contradictorias aunque con matices relevantes. El Supremo afirma que siempre mantuvo vigentes las órdenes de detención. Otra cosa es que desde el tribunal español pensaran que algún país las iba a activar habida cuenta de que se estaba la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre las razones que permiten rechazar una extradición.
La defensa de Puigdemont sostiene que España informó al Tribunal General que ningún país ejecutaría una orden de estas características, si bien no se dieron garantías de ello porque el Supremo jamás dictó un escrito retirando las órdenes de detención.
Y el auto del TGUE retiró la inmunidad cautelarmente a Puigdemont alegando que no corría riesgo de ser detenido porque España indicó que «la ejecución de las euroórdenes» había quedado «suspendida» hasta que el TJUE resolviera la cuestión prejudicial.
¿Qué puede hacer ahora Puigdemont?
Abrir la puerta que le dejó abierta la Justicia europea, es decir solicitar al Tribunal General de la UE medidas cautelares para que le devuelva la inmunidad que le retiró el 30 de julio.
Sus abogados presentarán una nueva demanda, «probablemente hoy o lo antes posible», recordando que en el punto 54 del auto del 30 de julio el TGUE indicó que «las autoridades españolas manifestaron la suspensión (...) de cualquier procedimiento de ejecución de una euroorden que pueda haber sido iniciada».
¿Y qué papel juega la Justicia europea?
Ahora el más importante, el de árbitro, porque el TGUE dio la posibilidad a Puigdemont de volver a recuperar esa inmunidad.
«Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro», recogió entonces el TGUE. Y eso es lo que ocurrió anoche.
En caso de que el tribunal europeo acceda a la petición de Puigdemont, el proceso abierto en Italia quedaría paralizado y a la espera de que ese mismo tribunal se pronuncie aún sobre la cuestión de fondo, es decir contra el recurso que Puigdemont interpuso contra la decisión de la Eurocámara de aprobar el suplicatorio que el Tribunal Supremo pidió contra el expresidente catalán y los eurodiputados de JxCAT Toni Comín y Clara Ponsatí.
¿E Italia, qué margen tiene de actuación?
Esta es la otra gran incógnita. Primero, hoy o mañana se producirá la audiencia de convalidación del arresto del expresidente ante la Corte de Apelación de Sassari. Lo previsible es que las autoridades judiciales italianas contacten con las españolas para preguntar si la OEDE sigue en vigor y comprobar la equivalencia de los delitos de sedición y malversación en el Derecho italiano.
Pero en esa audiencia, la defensa de Puigdemont puede alegar justamente lo contrario antes de que los jueces decidan si le ponen en libertad, acuerden medidas cautelares o le envían a prisión.
Y a partir de aquí no hay nada escrito, pese a que España e Italia mantienen una estrecha cooperación judicial. Hay tres opciones: que España e Italia empiecen a tramitar la extradición por los cauces correspondientes; que Italia espere a ver qué decide el TGUE sobre la nueva cautelar pedida por Puigdemont; o que directamente se desentienda del asunto de oficio alegando que no puede actuar mientras no se resuelva la cuestión prejudicial.