La situación legal del expresidente catalán y la vigencia de su inmunidad como eurodiputado están en disputa entre distintos tribunales europeos
26 sep 2021 . Actualizado a las 10:01 h.El futuro de Puigdemont depende de un embrollo jurídico con repercusiones internacionales en el que reina la confusión. El Parlamento Europeo retiró la inmunidad como eurodiputado al expresidente catalán. Pero lo hizo precisamente porque consideró que, tal y como le había informado erróneamente la Abogacía del Estado española, la orden de detención contra él dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había quedado suspendida hasta que se resolviera la cuestión prejudicial que el propio Llarena había interpuesto para determinar si Bélgica tenía facultades para negarse a extraditar a Puigdemont. Algo que ha resultado no ser cierto.
La orden de detención nunca dejó de estar vigente, aunque la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado impedía su ejecución. Una vez que, a instancias de la Justicia española, el Parlamento Europeo la retiró esa inmunidad, aunque con argumentos erróneos, la alerta sobre la situación de Puigdemont como reclamado por la Justicia figuraba en el programa informático que avisa en todos los controles fronterizos de la UE sobre la entrada de un fugitivos por lo que la Policía italiana lo detuvo en el aeropuerto de Alguer. Si en Francia, país que Puigdemont visitó hace poco, no fue detenido, es porque entró por carretera, donde no hay control de pasaportes.
Las dudas sobre la interpretación de la situación de Puigdemont se deben a que el expresidente catalán recurrió la retirada de su inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea y pidió que, en tanto este no resolviera, su protección jurídica se mantuviera de forma cautelar.
La respuesta a ese recurso fue la negativa a devolverle la inmunidad, pero alegando para ello que no había ningún riesgo de que fuera detenido en ningún país europeo en función de la orden de captura del Supremo, que entendía suspendida tras la consulta que Llarena había hecho ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El argumento que defiende el Tribunal Supremo para exigir que Italia extradite a Puigdemont es que la cuestión que el juez Llarena planteó al Tribunal de Justicia de al UE solo afectaba al procedimiento que se seguía en Bélgica después de que los tribunales de este país rechazaran la entrega de Puigdemont, que escapó a Bruselas tras declarar la independencia de Cataluña, pero no a su situación en otros países de la Unión Europea.
La Justicia italiana debe decidir ahora si sigue el criterio del propio Puigdemont y le deja libre porque la inmunidad se le retiró con un engaño de la Abogacía del Estado; si espera a que se pronuncie la Justicia europea; si sigue la posición de Alemania, que se negó a entregarlo porque la acusación de sedición no encaja en su código penal, o si inicia los trámites para su extradición.