El Gobierno presiona ahora al Ejecutivo catalán para que acate la sentencia sobre el castellano

Cambio de tercio del Gobierno central en relación a la sentencia que obliga al Ejecutivo catalán a impartir el 25 % de las asignaturas en castellano. La ministra de Educación se mostró hoy contundente y afirmó que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificado por el Supremo, «es de obligado cumplimiento» y en consecuencia se debe corregir el modelo de inmersión, que establece que la lengua vehicular en la enseñanza pública y concertada es el catalán. 

Es justo lo contrario de lo que el consejero de Enseñanza transmitió en un primer momento. Josep Gonzàlez-Cambray reveló que en una conversación privada con la ministra de Educación, Pilar Alegría, le había comunicado que no se tendrían que ampliar las clases en castellano. También dijo que le había dado garantías de que el Gobierno no iba a tomar iniciativas para la ejecución de la sentencia. Pero Alegría, dos días después de conocerse la decisión del Supremo de no admitir un recurso de la Generalitat contra la sentencia y que por tanto ya es firme, ofreció una versión distinta de la que el consejero catalán trasladó el miércoles. En los pasillos del Congreso, dijo que ante una sentencia firme «no cabe debate». «Es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano. Estamos obligados a cumplir las sentencias firmes», afirmó.

Desde su ministerio, apuntaron el miércoles que es el Tribunal Superior de Cataluña el que tendrá que «pedir la ejecución de la sentencia» y «vigilar» su cumplimiento. No obstante, también apuntaron que transcurridos los plazos legales establecidos, si la Generalitat no cumple la sentencia, el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Educación, podrá intervenir, dado que fue este departamento, cuando gobernaba el PP, el que inició el proceso que ha culminado con la decisión del Supremo.

Alegría no quiso precisar si tomará la iniciativa para hacer cumplir el fallo judicial o si considera que la cuestión depende únicamente del tribunal juzgador. Desde la oposición, consideran que el Gobierno está actuando con tibieza en este asunto para no enfrentarse a sus socios de ERC, que le dan estabilidad parlamentaria. El líder del PP, Pablo Casado, llamó el miércoles a aplicar el artículo 155 de la Constitución en el ámbito «educativo» (intervenir la competencia) si el Ejecutivo catalán no acata la sentencia. Destacados miembros de su partido, como la presidenta de la Comunidad de Madrid o el alcalde de la capital, respaldaron la posición de Casado. «El Estado debe poner todas las herramientas que tenga a su disposición» para garantizar los derechos constitucionales, afirmó Isabel Díaz Ayuso.

Silencio en la Generalitat

ERC responde a Alegría Esquerra sí replicó a la ministra, a la que recordó que una «parte del Gobierno» asume el «éxito» de la inmersión lingüística. Los comunes, por ejemplo, han hecho una defensa cerrada del modelo catalán, mientras que el PSC, que siempre lo ha defendido, se ha desmarcado del frente catalanista que ha tratado de impulsar el consejero. El Ejecutivo catalán guardó silencio. Sí se pronunció el Consejo Escolar, órgano asesor de la Consejería de Enseñanza, que rechazó las «intervenciones políticas o sentencias judiciales, como la reciente del Tribunal Supremo del 25 %, que atacan el modelo lingüístico». Y advirtió de que «de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo catalán, corresponde a los centros educativos establecer los criterios pedagógicos para el tratamiento de las lenguas». «Naturalmente la educación es y debe ser en catalán», remató.

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