La Fiscalía pide que se inhabilite 20 meses a Torrent por haber desobedecido al Constitucional
ESPAÑA
El expresidente del Parlamento catalán y otros tres miembros de la Mesa son acusados de haber ignorado avisos para que impidieran debates sobre autodeterminación
03 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La Fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para el expresidente del Parlamento catalán Roger Torrent, actual consejero de Empresa de la Generalitat, por un presunto delito de desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio hace tres semanas por concluida la instrucción contra los cuatro miembros secesionistas de la anterior Mesa de la Cámara autonómica, a los que dejó a un paso de ir a juicio por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). La Fiscalía entiende que Roger Torrent y los miembros secesionistas de la anterior Mesa ignoraron presuntamente los avisos del Constitucional, al admitir a trámite y permitir el debate en el pleno de la Cámara catalana propuestas de resolución que reprobaban la monarquía y se comprometían a ejercer la autodeterminación de Cataluña.
Para Josep Costa y Eusebi Campdepadrós reclama la misma pena que para Torrent. En el caso de Adriana Delgado, la condena que pide es de un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros. Según la Fiscalía, actuaron con voluntad consciente de infringir el mandato de las resoluciones del garante de la carta magna.
La magistrada instructora del caso concluyó que «existe una apariencia razonable y suficiente de que los investigados pudieran haber cometido uno o varios delitos de desobediencia grave», según expresó en un auto. A su juicio, los acusados actuaron con «desprecio a la legalidad constitucional», pues estaban advertidos por el órgano de garantías de que no podían admitir a trámite para su votación «propuestas de resolución parlamentarias con trascendencia jurídica» que eran análogas a otras anuladas anteriormente por el Tribunal Constitucional. La acusación sostiene que Torrent, «sabiendo que el TC acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción» posterior presentada por la CUP, la tarde antes del pleno lo adelantó de hora —de las 15.00 a las 9.00 horas— y se incluyó la moción en el orden del día a petición de 50 diputados. Se votó y se aprobó «sin haberse solicitado ningún informe a los servicios jurídicos, tal y como habían interesado otros grupos parlamentarios».