Juan Carlos I se refugia en la Casa Real para rehuir a Corinna Larsen en los tribunales británicos
ESPAÑA
Ella alega que no es jefe de Estado y económicamente es autónomo
08 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, publicará en los próximos días el veredicto sobre la competencia de su corte para juzgar la demanda de Corinna Larsen contra el rey emérito por acoso. Si la sentencia es favorable a su competencia, los magistrados citarán a Juan Carlos de Borbón que responda a las acusaciones de su examante.
La evolución del caso depende de la interpretación que el juez Nicklin haga de la Ley de Inmunidad Estatal, vigente en el Reino Unido desde 1978, y también de la que regula los privilegios diplomáticos, basada en la Convención de Viena. Ambas normas articulan la protección de las autoridades de otro Estado que son juzgadas en los tribunales del país.
El abogado de Juan Carlos, Daniel Bethlehem, ha añadido a los argumentos sobre la inmunidad un fragmento del Tratado de Utrech de 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión, y en el que las dos partes se comprometían a no destruir a la otra ni a colaborar con terceros para lograr el mismo fin. Ese punto llamó la atención de la prensa de Londres, porque el tratado certificó la soberanía británica sobre Gibraltar.
Un aspecto relevante en la decisión del juez será si el rey emérito es aún miembro de la Casa Real. La posición oficial de Juan Carlos de Borbón en las fechas en las que se centra la demanda ha sido subrayada en las vistas. Los abogados de la demandante alegan que los actos de acoso se sucedieron hasta el 2019 y él abdicó en el 2014. Por eso la inmunidad absoluta del soberano pudo haber cambiado tras su renuncia.
Las leyes inglesas dan inmunidad a los jefes de Estado y a sus familias, y no anotan ninguna excepción, pero cuando se refieren a las autoridades de otro Estado de manera genérica puntualizan que solo la tienen cuando ejercen sus funciones oficiales. La protección de diplomáticos, que incluye un artículo sobre jefes de Estado, los excluye de la jurisdicción civil y de la penal.
Intimidaciones desde el 2012
Larsen acudió ayer a la segunda vista. Reclama una indemnización por el acoso que habría sufrido por Juan Carlos y agentes del Estado español, que le habría afectado en la reputación y en la salud. En su relato, directivos y miembros del Centro Nacional de Inteligencia español habrían intentado intimidarla desde el 2012 para que desistiera de causar daño al monarca. Bethlehem argumentó que el emérito tiene inmunidad por la protección de las leyes citadas, y además porque los supuestos acosos —que los abogados de Juan Carlos niegan—, se habrían perpetrado contra una ciudadana danesa y en lugares — Mónaco, Suiza, Austria, Estados Unidos, Tahití,...— en los que la justicia inglesa no puede intervenir.
El abogado de Larsen, Jonathan Kaplan, presentó una declaración en la que afirma que el rey emérito ya inició el hostigamiento cuando era monarca. Habría coincidido con la no devolución de unos 60 millones de euros que el rey le habría entregado. Y afirma que luego fue acosada por el entonces jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, y otros agentes, que habrían organizado «seguimientos ilegales», y la habrían amenazado con matarla. Argumenta, además, que carece de inmunidad porque no es jefe de Estado, no vive con Felipe VI y es independiente económicamente.
Ayer, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se refugió en el silencio al ser preguntada por la noticia de que Juan Carlos I quiere volver a la Zarzuela y recuperar la asignación que le eliminó su hijo. «Desconozco esa información», respondió. El regreso fue abordado en su día por Carmen Calvo con el jefe de la Casa del Rey, pero en ningún momento estuvo sobre la mesa su regreso a la Zarzuela. Se tanteó la posibilidad de que residiera en algún inmueble de Patrimonio Nacional.