La presidenta madrileña niega un trato de favor a su familiar, que obtuvo otros 18 contratos de la Comunidad con una empresa de iluminación de la que es gerente
19 feb 2022 . Actualizado a las 09:51 h.«Tráfico de influencias» y utilización de un «testaferro», o «cobro de gestiones» y «contraprestación por su trabajo». Esos son los términos que utilizaron este viernes Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, en una especie de careo público, para referirse al dinero recibido por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte del empresario que obtuvo un contrato para dotar de mascarillas a la Administración autonómica en plena eclosión de la pandemia. El líder del PP se pronunció por primera vez sobre el escándalo que sacude al PP. Y lo hizo para acusar directamente a Ayuso de haber tenido como mínimo un comportamiento «poco ejemplar» que podría constituir incluso una «ilegalidad».
«La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas», afirmó Casado respecto al polémico contrato, sin dejar espacio para que Ayuso justifique lo ocurrido, más allá de que sea legal o no.
Utilización de un «testaferro»
«Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Ministros», sentenció en una entrevista a primera hora de la mañana. Recordó además que la ley de la Comunidad de Madrid no permite contratos públicos con familiares «ni con persona interpuesta».
Casado exigió por ello a Ayuso que aclare la participación de su hermano en la adjudicación sin concurso público a la empresa Priviet Sportive S.L., propiedad de Daniel Alcázar Barranco, amigo de la familia Ayuso, porque «si la empresa ha utilizado a un amigo, alguien podría pensar que está utilizando a un testaferro».
«Es un importe lo suficientemente importante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias», remachó, dando por hecho que, al margen de la sanción interna que el partido pueda aplicarle a Ayuso por sus declaraciones, el asunto acabará en los tribunales porque el PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, de lo que dijo alegrarse.
Ayuso replicó de inmediato. A primera hora de la mañana admitió que su hermano había cobrado una «comisión» por el contrato adjudicado, pero aseguró que no era «ni ilegal ni poco ejemplar», porque ella no había actuado para beneficiar a su familiar. Horas más tarde, sin embargo, emitió un comunicado en el que ya no se hablaba de comisión, sino del pago por unos servicios prestados.
«La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto», indicaba Ayuso, que precisaba que se trata de «una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación».
Cuatro facturas sin aclarar
Ayuso negó además que la cantidad percibida por su hermano ascendiera a los 286.000 euros de los que habla la dirección del PP. Aunque por la mañana aseguró desconocer los importes exactos que cobró su familiar, en su comunicado precisó que la factura que giró a Priviet Sportive S.L. por el contrato de las mascarillas fue de «55.850 euros más IVA».
Admitió que Tomás Díaz Ayuso podría haber participado en otras adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, pero rechazó revelar otras cuatro facturas que su familiar habría presentado a la empresa de su amigo porque «no tienen relación con la Comunidad de Madrid» y su hermano «tiene derecho a su privacidad». Ayuso se comprometió, además, a facilitar un informe del secretario del Consejo de Gobierno autonómico en el que se recoge que ella no tenía ningún deber de abstenerse en la aprobación del contrato.
Otros 18 contratos menores
El contrato de las mascarillas no es, sin embargo, el único de la Comunidad de Madrid en el que ha participado Tomás Díaz Ayuso sin concurso público. La empresa Artesolar Iluminación, una firma de capital chino de la que es gerente de desarrollo de proyecto desde el 2016, obtuvo 18 encargos de este tipo. El primero, en octubre del 2017, cuando Ayuso era viceconsejera de Presidencia y Justicia. Y el último, en marzo del 2020. Los 18 contratos, que al ser menores de 18.000 o 15.000, euros, en función de la legislación en cada momento, se hicieron sin concurso público suman un importe de 113.179 euros.
El líder del PP desmintió que la información sobre las presuntas irregularidades le llegara desde la Moncloa, como sostiene Ayuso.
Aunque no precisó de dónde procedía, indicó que «se podía inferir que venía de una institución pública» porque contenía datos fiscales y bancarios.
Casado habló con Bolaños
Según la versión de Casado, fue Ayuso quien le dijo que ese dosier procedía de la Moncloa. Y ante ello, él mismo llamó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien le confirmó que no era así. Un episodio que el propio Casado calificó de «surrealista». Afirmó que con la apertura de un expediente a Ayuso no pretende «echarla» del partido y que, si se demuestra que no hay nada irregular, no tendrá objeción en que se presente al congreso de Madrid, pese a que Génova anunció ayer que el cónclave regional queda aplazado hasta que se resuelva este asunto.
Aunque el foco del escándalo se puso ayer en las circunstancias del contrato, el líder popular negó tajantemente el supuesto espionaje a Ayuso ordenado desde la dirección nacional y lo calificó de «montaje» para tapar las sospechas sobre Díaz Ayuso por el trato de favor a su hermano.
El consejero Enrique López, fiel a Génova, elude respaldar a la líder madrileña y se perfila como posible sucesor
La Comunidad de Madrid anunció ayer una comparecencia de los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; Hacienda, Javier Fernández Lasquetty; y Justicia, Enrique López, para informar de la legalidad del contrato adjudicado a la empresa relacionada con el hermano de Díaz Ayuso. Sin embargo, López se descolgó a última hora de esa rueda de prensa alegando un compromiso que no figuraba en su agenda oficial.
Exmagistrado del Tribunal Constitucional, López es un hombre de confianza del secretario general, Teodoro García Egea, y del propio Casado, que es quien lo fichó para el PP. Fuentes del partido indican que podría ser el sustituto elegido por Génova en caso de que Ayuso tuviera que abandonar el cargo de presidenta de la Comunidad. La dirección del PP está convencida de que, al margen del expediente interno, Ayuso tendrá que renunciar pronto al puesto porque será imputada tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el PSOE. Sería el momento del relevo.
En la rueda de prensa de este viernes, los consejeros Ruiz Escudero y Fernández Lasquetty aseguraron que los expedientes de contratación covid, en los que se enmarca el contrato sin concurso público adjudicado por la Comunidad de Madrid, «se han ajustado siempre a derecho y siguiendo los procedimientos legales», y que su gestión «ha sido honrada siempre».