ERC y la CUP se inclinan por dejar caer a Borràs de la presidencia del Parlamento catalán si va a juicio
ESPAÑA
Forcadell le pide que piense en el prestigio de la Cámara y no en ella
01 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Laura Borràs no está aún procesada, pero los partidos independentistas ya están tomando posiciones ante una eventual decisión del juez de sentarla en el banquillo, junto a otras tres personas, por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude. Junts ha cerrado este jueves filas con su presidenta, mientras ERC ha dado a entender que la dejará caer. La CUP ya hace tiempo que advierte que pedirá su cese.
Su destitución como presidenta de la Cámara catalana debería producirse en aplicación de un artículo del reglamento del hemiciclo catalán, promovido por la CUP y apoyado por Junts en su momento para luchar contra la corrupción. Este texto afirma que en caso de que un diputado sea procesado por delitos vinculados a la corrupción, «la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, dirigente de ERC, advirtió ayer a Borràs de que «representa a la institución» y de que «no ha de pensar en ella misma». «Ha de pensar en el prestigio de la institución, el prestigio del Parlamento está por encima», afirmó en la cadena Ser. No ha pedido de manera explícita su cese, pero lo ha dado a entender.
Presiones
ERC presionará para que Borràs dimita por su propia cuenta. La formación republicana no quiere aparecer como el responsable de pulsar el botón rojo de su cese cuando la cuestión se dirima en la Mesa. Junts no se lo va a poner fácil. El vicepresidente de la formación nacionalista ha fijado este jueves la posición del partido. Josep Rius, desde la Cámara catalana, ha advertido de que el caso de Borràs es una «persecución» política. «Todo el apoyo a la presidenta Laura Borràs que una vez más se encuentra bajo la espada represiva del Estado», ha aseverado.
Este es el argumento que ha empleado la dirigente nacionalista desde el primer día. Asegura que su causa penal no es corrupción, sino un montaje del Estado para atacarla, y que, por tanto, no tendría que cesar como presidenta del Parlamento. En Twitter, Borràs ha tirado de ironía para afirmar: «A punto para un juicio justo». «Todo muy de democracia perfecta: irse cargando derechos uno detrás de otro», ha lamentado. Está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar Junts en defensa de la presidenta del partido y si la dirección de la formación secesionista sacrifica incluso el gobierno de coalición en la Generalitat.
La Fiscalía tiene ya ocho días para redactar el escrito de acusación y la petición de apertura de juicio oral. Será en ese momento cuando el juez procesará a la presidenta del Parlamento. El magistrado instructor ve indicios por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos cuando la presidenta de Junts era directora del Institut de les Lletres Catalanes (ILC). Está acusada de fraccionar contratos para poder adjudicarlos a dedo a un amigo, durante su etapa al frente del ILC. Son 18 contratos, de menos de 18.000 euros cada uno. En total, 330.000 euros.