La corrupción se entierra bajo un montón de siglas. Y de historias de las que nadie quiere oír hablar. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa a lomos de una moción de censura —sí, votada por Bildu, Esquerra y todos los independentistas— en la que reclamaba la muy loable necesidad de limpiar la política española. Pocos se acordaban ya de que en los 90 los casos Filesa y Naseiro habían manchado la financiación de los dos principales partidos del sistema democrático español. O que los casos De Miguel o del 3 % salpican al PNV y a la antigua Convergencia. O que esta misma semana se ha condenado a una alcaldesa de Izquierda Unida por prevaricación. O de las dudas sobre el pitufeo, al que los modernos llaman crowdfunding, que rodean la financiación de la novísima política.
Los ERE son una síntesis del catálogo de la peor política. Dinero procedente de Europa, o de los bolsillos de los contribuyentes españoles, para financiar a los parados que acabó pagando juergas en puticlubs, coca y farras de altos cargos sin escrúpulos y un sistema clientelar que callaba mientras colocaba a sus peones.
Las sentencias, una detrás de otra, desde primera instancia hasta el Supremo, revelan una trama criminal que salpica a varias generaciones de políticos. Incluso a alguna que ahora se sienta en el Consejo de Ministros. Es la hora de que la ejemplaridad que Pedro Sánchez reclama para los demás la aplique a los suyos. Hace apenas unas semanas que Zapatero pidió un homenaje para los expresidentes andaluces Chaves y Griñán. «Honorables», los bautizó en pleno éxtasis mitinero. Ahora, el PSOE ha elegido el «y tú más» para defenderse. Pero eso, por desgracia, no borra la indeleble huella de la corrupción ni devuelve el dinero a sus legítimos beneficiarios.