Una querella abre la puerta a la investigación de las miles de «expulsiones forzadas» de ETA
ESPAÑA
Dignidad y Justicia pide imputar a diez exjefes de la banda por el asesinato del concejal Pedrosa por negarse a abandonar el País Vasco
10 ago 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La ofensiva de Dignidad y Justicia (DyJ) contra las cúpulas de ETA continúa con una nueva vuelta de tuerca. La organización de víctimas del terrorismo, que ha conseguido la reapertura de siete sumarios para imputar a los cabecillas de la banda, quiere impulsar una investigación inédita en España: la de las «expulsiones forzadas» de miles de personas del País Vasco y Navarra desde 1977 hasta el 2011 por las coacciones de la banda terrorista.
Para ello, el colectivo presentó ayer en la Audiencia Nacional una octava querella para reactivar la causa por el asesinato el 4 de junio de 2000 de Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del PP en Durango (Vizcaya). Pero esa querella va más allá del «asesinato terrorista» del edil por el que nadie ha sido condenado aún. DyJ sostiene que la muerte de Pedrosa fue la consecuencia directa de su «heroica y cívica resistencia a abandonar el País Vasco, tras una larga campaña de coacciones y amenazas terroristas», por lo que pide al Juzgado de Instrucción 1 la imputación de la cúpula terrorista de la época también por un delito «consumado de coacciones y amenazas terroristas».
En esa línea, la organización reclama a la Audiencia Nacional la apertura de una pieza separada para investigar la existencia de esa estrategia de ETA de «expulsiones forzadas», una «limpieza étnica», que podría haber provocado la diáspora de entre 60.000 y 200.000 personas, de acuerdo con el informe del Instituto Vasco de Criminología, que se incluye en la propia querella. Según Dignidad y Justicia, el delito de activar esa estrategia para forzar las expulsiones no habría prescrito porque aquel fue un «delito permanente» que solo dejó de cometerse con el anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA el 20 de octubre del 2011, hace menos de 20 años, por lo que este ilícito sería todavía perseguible.Por eso, la asociación defiende la vigencia del delito contra todas y cada una de las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por las coacciones desde que ETA se «refundó» en 1977 con la «fusión de ETA-militar y los comandos especiales» hasta su disolución en el 2011.
Los diez miembros de la cúpula de ETA en el verano del 2000 señalados en la querella son Ignacio Gracia, Iñaki de Rentería; Javier García, Txapote; Juan Antonio Olarra, Jon; Ainhoa Mugika, Olga; Asier Oyarzabal, Baltza; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Mikel Albisu, Mikel Antza; Vicente Goikoetxea, Willy; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y María Soledad Iparragirre, Anboto.
«Todos ellos presuntamente integraban el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización terrorista al momento de los hechos», insiste la denuncia. Y a todos ellos, el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez, en consonancia con sus otras querellas que han prosperado, les acusa de estar detrás del asesinato de Pedrosa por dos figuras diferentes: por «autoría mediata por dominio», ya que la banda estaba perfectamente jerarquizada y nada se hacía sin el visto bueno de la jefatura; y por «comisión por omisión», porque pudiendo haber frenado esa táctica del acoso para provocar el éxodo del País Vasco y Navarra los cabecillas nunca lo hicieron.
«Lesa humanidad»
El colectivo de víctimas cree que esa estrategia podría ser un «crimen de lesa humanidad» contemplado en el Estatuto de Roma como «deportación o traslado forzoso». En esa línea, DyJ incluye doctrina del Supremo para defender que los cabecillas pueden ser enjuiciados por ese delito de lesa humanidad, aunque este entrara en vigor en octubre del 2004, cuatro años después del asesinato de Pedrosa. Todo ello, insiste la querella, porque la estrategia de «expulsión forzada» al ser un «delito permanente» siguió cometiéndose hasta el fin de ETA en el 2011. Y el alto tribunal ya ha zanjado que en estos casos en los que el ilícito se extiende por varias legislaciones debe aplicarse la última vigente.
La denuncia presenta el asesinato de Pedrosa como un «crimen instrumental o ejemplificante» dirigido a ablandar la «resistencia de otros muchos perseguidos a los que ETA igualmente quería expulsar del territorio en el que se hallaban legítimamente presentes». El escrito de la acusación popular destaca el «inmenso alcance de las expulsiones de población de ETA», que, pese a haber sido «indiciariamente reconocido desde distintas instituciones de derechos humanos, «sorprendentemente» nunca ha sido objeto de una «investigación judicial efectiva».
El eje fundamental del escrito de casi 300 folios es un listado de 37 comunicados de ETA desde 1977 al 2003 extraídos de otros sumarios en los que justifican el asesinato de medio centenar de víctimas como fórmula de presión para abandonar el País Vasco y Navarra. No obstante, la asociación pide al juzgado que ordene a los servicios antiterroristas informes sobre la estrategia de expulsión a lo largo de los años.