Un blindaje legal y un funeral, salvavidas del rey emérito en la demanda de Corinna
ESPAÑA
Juan Carlos I podría acogerse a la norma que da inmunidad a los mandatarios
09 nov 2022 . Actualizado a las 21:41 h.El cambio de enfoque jurídico que prometieron en julio pasado los nuevos abogados del rey emérito surtió su primer efecto el martes en el procedimiento abierto por la Justicia británica por la demanda de Corinna Larsen por presunto acoso, espionaje ilegal y difamación. Unos hechos que habrían acontecido desde el 2012 hasta el 2020.
En el despacho Carter-Ruck de Londres, especializado en pleitos geopolíticos, cundía este miércoles la satisfacción por el devenir de la primera vista celebrada por el Tribunal de Apelaciones. La corte de tres magistrados examina el recurso presentado por los letrados del anterior monarca, Timothy Otty y Guy Martin, para tratar de revocar la decisión inicial del juez Matthew Nicklin de no reconocer inmunidad alguna al exjefe del Estado, sobre todo en el período posterior a su abdicación en junio del 2014, y la posterior resolución de otros dos jueces que lo consideraron «juzgable» por los hechos acontecidos entre el 2014 y el 2020. Por lo tanto, la vista celebrada este martes se centró únicamente en juzgar la inviolabilidad de don Juan Carlos en el período 2012-2014, cuando aún era jefe de Estado.
En el despacho Carter-Ruck ya perciben el horizonte judicial de su distinguido cliente con otro prisma, según fuentes jurídicas. Su objetivo consiste en anular de la demanda los episodios ocurridos en el presunto período de inviolabilidad del monarca.
Esto incluye sacar de la ecuación sucesos tan relevantes como la presunta entrada de unos mercenarios en las oficinas de Larsen en Mónaco para recuperar sin éxito documentos sensibles de don Juan Carlos. O la primera visita que hizo a Londres el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, para tratar de solventar en nombre del rey la devolución de la «donación» de los 65 millones de euros que le entregó a esta y que fue el origen del presunto acoso, según la demanda.
«Actos soberanos»
En un principio, la defensa de la empresaria argumentó que el rey emérito actuó como jefe de Estado y Sanz Roldán como responsable del CNI. Pero después de que en marzo el juez sugiriera que en este caso serían «actos soberanos» y por lo tanto don Juan Carlos se podría acoger a la Ley de Inmunidad Estatal (SIA), los abogados de Larsen cambiaron su versión asegurando que todo había sido un trato de favor a título personal por la amistad que les unía.
La SIA es una norma aprobada en 1978 por el Parlamento británico que deja fuera de la jurisdicción británica los actos cometidos en su territorio por terceros Estados o por mandatarios de otros países. Y es la norma especial que podría beneficiar ahora a don Juan Carlos.
La asistencia al funeral de la reina Isabel II es un ejemplo de la representación que aún ostenta. Un argumento que sus abogados pondrán también sobre la mesa.