Los regidores de A Coruña, Ferrol y Santiago apoyan adecuar la ley a Europa
15 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Las siete principales ciudades de Galicia están regidas por alcaldes del PSOE, BNG y Democracia Ourensana. Ninguno critica abiertamente el plan del Gobierno de reformar el delito de sedición, tal y como exige el independentismo catalán para beneficiar a los nueve líderes que protagonizaron el desafío al Estado en el 2017 y que fueron condenados por el Tribunal Supremo. De ellos, cuatro (Junqueras, Turull, Romeva y Bassa) también lo fueron por malversación. Otros todavía están huidos de la Justicia. Ahora bien, algunos de estos ediles se muestran incómodos al ser preguntados por la cuestión, y otros, como el de Vigo, prefieren no pronunciarse. «Yo no tengo que opinar de cuestiones de partido, soy el alcalde de Vigo aquí. No me pregunte de cosas de mi partido», respondió el socialista Abel Caballero a La Voz. El de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, directamente no contestó.
Más profusa fue la alcaldesa de A Coruña. La socialista Inés Rey opina que «la reforma del Código Penal busca actualizar las penas a las condiciones democráticas actuales y adecuarlas a la legislación europea». En consonancia con el Gobierno central, manifiesta que «la desaparición de la sedición no implica que no se castiguen los comportamientos contrarios a la Constitución para los que sigue vigente el delito de rebelión, para el que el propio Código Penal español contempla penas de prisión de entre 15 y 30 años».
A su compañero de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, la reforma de la sedición parece resultarle embarazosa. «Recoñezo que esta cuestión faime sentir profundamente incómodo, e penso que na medida do posible debemos atopar solucións políticas aos problemas políticos, obviamente sempre dentro da lei e que por suposto os que decidan saltarse a lei deben facer fronte a súas responsabilidades», admite. Aunque considera que «debemos armonizar tanto en denominación como en definición os tipos delictivos co resto dos integrantes do espazo común europeo, para evitar situacións como as producidas nos últimos anos en que España veu reiteradamente denegada a extradición de determinadas persoas». Pero puntualiza que «sería importante que isto se puidese facer sen agobios e buscando un consenso ampliamente maioritario».
Para el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra desde 1999, «trátase dunha homologación ao que sucede no resto de Europa. O que non parece normal é que a discrepancia política se poida converter nun delito». Su compañero de partido en Carballo, Evencio Ferrero, asegura que asume los postulados de la formación, pero elude pronunciarse. «É un tema de natureza parlamentaria», justifica.
El primer edil de Ferrol, el socialista Ángel Mato, considera que «la fractura de entonces se ha ido reparando. La convivencia en Cataluña es hoy infinitamente mejor, y no es malo avanzar en iniciativas que contribuyan a ello». Sobre la reforma del Código Penal asegura que «permitirá, además, encajar ciertos tipos penales con la legislación de los países de nuestro entorno». De similar parecer es la alcaldesa de Lugo. Lara Méndez afirma que «desde o local, sabemos da necesidade de desinflamar as divisións sociais e de restaurar a convivencia», por eso «os pasos que se dean para rebaixar a crispación, eso sí, sempre que non deixen desprotexido ao Estado, deben ser valorados positivamente, así como todos aqueles que asimilen a España ao resto das democracias europeas».
Petición del PPdeG
El PPdeG pidió ayer que los socialistas se pronuncien ante la reforma del delito de sedición e insta a que dejen de «ponerse de perfil» o hacer críticas «con la boca pequeña» sobre una decisión que «no es digna».
El BNG, a favor de «colaborar» en reducir las penas por sedición
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, respondió ayer con prudencia sobre la derogación que plantea el Gobierno. «Hai que estudar en detalle cal é a formulación concreta desa reforma», expuso la líder nacionalista, que aún así se mostró partidaria de la reducción de las penas al considerar que la modificación en la tipificación de la sedición permite «avanzar cara o entorno europeo», por lo que su formación «colaborará» en esa dirección. Para Pontón, la reforma acaba con la diferencia entre «a práctica» de España y del resto de territorios europeos, lo que ve positivo.
Más contundente se mostró el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, al valorar que la derogación permite profundizar en la «desxudicialización da vida política». En un audio compartido en su cuenta de Twitter, celebró también que la medida vaya a dificultar que «se continúe a utilizar o aparello xudicial do Estado para a persecución de calquera disidencia política».
«O Estado español está aínda moi lonxe do que poderíamos considerar estándares democráticos, aínda que con esta decisión podemos considerar que hai un avance», advirtió Rego, que dijo estar «á espera de ver como queda o delito de desordes públicas agravadas».
Información elaborada por las delegaciones en Vigo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago, A Coruña, Lugo y Carballo