La Eurocámara admite ahora que permitió a Puigdemont ocupar su escaño «probablemente de manera ilegal»
ESPAÑA
La defensa del expresidente catalán dice que sufre una «persecución política»
25 nov 2022 . Actualizado a las 17:52 h.El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde otoño del 2017, se presentó a las elecciones europeas de mayo del 2019 con dos objetivos bien definidos: lograr la inmunidad parlamentaria y disponer de una plataforma pública para continuar, desde lo que él llama «exilio», con el proceso secesionista que lideró como impulsor de la consulta ilegal del 1-O. Tanto Puigdemont como los también fugados Toni Comín y Clara Ponsatí fueron elegidos en esos comicios en las listas de JXCat, pero tres años después continúa la disputa jurídica sobre si, en efecto, son o no son eurodiputados.
Para la Junta Electoral Central (JEC) la cuestión está clara. Y así se lo expuso el pasado 3 de noviembre en una carta remitida a la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola. Según la JEC, Puigdemont, Comín y Ponsatí no adquirieron la condición plena de eurodiputados al no cumplir con el trámite imprescindible de viajar a Madrid para acatar la Constitución y recoger su acta, como sí hicieron el resto de parlamentarios europeos electos. A pesar de que no habían cumplido con este paso, y en medio de la polémica política y jurídica por las peticiones de extradición emitidas desde el Tribunal Supremo, el entonces presidente de la Eurocámara, el italiano David Sassoli, autorizó que Puigdemont y los exconsejeros ocupasen sus escaños en las sedes parlamentarias de Estrasburgo y Bruselas.
Con esa cuestión de fondo, la batalla legal se centra en si los tres líderes secesionistas fugados tienen inmunidad o si se les pueden aplicar las euroórdenes de detención y entrega a España dictadas por el Supremo, caso que estudia ahora el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). La corte con sede en Estrasburgo acogió este viernes una vista en la que el abogado que defiende al Parlamento Europeo, Norbert Lorenz, admitió que la decisión adoptada por la Eurocámara en el 2019 no se ceñía a la legislación vigente.
Sin notificación desde España
«Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y, como hemos visto por una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento Europeo nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España», reconoció el letrado, en referencia a una resolución del propio TGUE que desestimaba un recurso previo de Puigdemont, Comín y Ponsatí contra la Euocámara por negarles inicialmente el acceso a sus escaños.
El abogado de Puigdemont, Carles Boye, trató de desmontar los argumentos del letrado de la Eurocámara con la tesis de que el expresidente catalán es víctima de «una persecución política». Según Boye, la proposición de ley que impulsa la derogación del delito de sedición tiene entre sus objetivos facilitar la entrega de Puigdemont a la Justicia española, por lo que subrayó la necesidad de mantener la inmunidad de la que goza como europarlamentario. «Es público y notorio que varios ministros y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han estado diciendo que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España», argumentó el letrado del expresidente de la Generalitat.
Tanto Carles Puigdemont como Toni Comín están reclamados por la Justicia española por presuntos delitos de sedición y malversación, mientras que Clara Ponsatí tiene pendiente una euroorden por sedición. Boye apuntó en su intervención que el cambio legislativo, que derogará la sedición y establecerá en el Código Penal un nuevo delito de desórdenes públicos agravados, podría implicar que la Justicia belga autorizase la entrega a España de los fugados, que ya no serían juzgados por sedición, sino por malversación y por el nuevo tipo delictivo de desórdenes agravados.
