El presidente aragonés, Javier Lambán se muestra «radicalmente en contra» de derogar la sedición
26 nov 2022 . Actualizado a las 11:11 h.La reforma que derogará el delito de sedición en el Código Penal inició su tramitación parlamentaria con el apoyo del Gobierno y sus socios de investidura. Pero durante ese recorrido parlamentario es probable que ERC presente una enmienda para reformar el delito de malversación que, en caso de recibir el apoyo del Ejecutivo, podría ser aprobada antes de fin de año. Unidas Podemos anuncia ya que presentará una enmienda a ese cambio del Código Penal para modificar más delitos. El portavoz del partido morado, Jaume Asens, aseguró que el Código Penal «aún está plagado» de delitos que a ojos de su formación no lo son.
Asens ya anunció que Unidas Podemos no tomará la iniciativa de reformar el delito de malversación, pero sí esta abierta a apoyar una enmienda en ese sentido en caso de que ERC o cualquier otro grupo la presente. Durante su intervención ante el pleno del Congreso de este jueves, el portavoz de Unidas Podemos calificó el delito de sedición como una «reliquia del pasado» y una «anomalía preconstitucional» que «no se ajusta a los estándares» europeos por lo que, a su juicio, representa una «amenaza al derecho de protesta».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró también abierto a estudiar una posible reforma de la malversación. Tras el debate celebrado en el Congreso, negó que una reforma de este tipo, que se podría abordar como enmienda parcial al proyecto para cambiar la sedición, implique tener menos armas para enfrentarse a un desafío independentista como el que tuvo lugar en Cataluña en el 2017.
Sánchez no lo rechaza
Sánchez ligó esta hipotética reforma de la malversación a un esfuerzo por «homologar» las penas de los delitos en España a las de las «principales democracias europeas». «Vamos a esperar a la tramitación parlamentaria», dijo, sin querer adelantar la posición respecto a la rebaja de la malversación, que beneficiaría a los líderes del procés condenados por ese delito.
La posición de Sánchez no es compartida por todos los dirigentes socialistas, ni siquiera en lo que afecta al delito de sedición que ya tramita el Congreso. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se mostró ayer «radicalmente en contra» de la derogación de la sedición, afirmando que él ya le trasladó su posición al presidente del Gobierno el pasado mes de septiembre. Sin, embargo, cargó contra el PP por sus «agresiones verbales» a los diputados socialistas. Una actitud que equiparó a «la práctica del escrache».
«Estoy radicalmente en contra de la supresión del delito de sedición. Lo que ocurrió en Cataluña en octubre del 2017 fue muy grave y, ante los independentistas, el Estado, lejos de desarmarse, lo que tiene que hacer es armarse más y mejor política y jurídicamente», afirmó Lambán durante un debate en las Cortes de Aragón. «Otra cosa es que yo esté dispuesto a ser títere o instrumento de la estrategia de su partido», le espetó el presidente aragonés a la diputada del PP Mar Vaquero.
Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, consideró que el Gobierno «ventilará» antes de Navidad la supresión del delito de sedición que su partido apoyará, aunque expresó sus dudas respecto a la posición que adoptarán ante la rebaja de la malversación porque desconocen cómo se plantearía. «Cuando llegue ese puente, ya veremos si se cruza o no, y cómo lo cruzamos», indicó el portavoz de los nacionalistas vascos.
Acelerón de la tramitación parlamentaria para aprobar el cambio legal este año
La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición que sustentó las condenas a los líderes del procés superó este jueves su primera votación en Congreso. Esta iniciativa va a ser objeto de una tramitación exprés con el objetivo de que esté definitivamente aprobada antes de que acabe este año. De entrada, y al haberse optado por una proposición de ley de los grupos en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno, no ha sido necesario solicitar informes al Consejo de Estado ni al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El texto se registró el 11 de noviembre y la Mesa de la Cámara le dio su visto bueno tres días después, con el voto en contra del PP y Vox. También se aprobó su tramitación por el trámite de urgencia, lo que reduce todos los plazos a la mitad. Tras calificarse por parte de la Mesa, el Congreso la remitió al Gobierno para que diera su conformidad a su debate. La Moncloa cuenta con un plazo máximo de 30 días para responder al Congreso, pero en este caso le sobraron 29 porque al día siguiente ya llegó el escrito avalando su tramitación.
El siguiente paso era poner fecha a su toma en consideración, lo que hizo la Junta de Portavoces el pasado viernes, solo una semana después de registrarse. Una vez que la proposición de ley ha sido aprobada por el pleno, se abrirá un plazo de enmiendas hasta el 9 de diciembre para que los grupos puedan hacer sus aportaciones. El PSOE y Unidas Podemos ya solicitaron el procedimiento de urgencia, lo implica acortar estos plazos a la mitad.
Remitida al Senado
Las formaciones que rechazan de plano la reforma tendrán que registrar una enmienda a la totalidad y un texto alternativo antes del 29 de noviembre para asegurarse un nuevo debate general antes de discutir las enmiendas parciales. Por lo pronto, Junts ya ha anunciado que registrará su propia propuesta y se da por hecho que otros grupos como el PP o Vox harán lo propio.
Para acelerar esta segunda fase de enmiendas existe la posibilidad de que los grupos proponentes puedan solicitar que se tramite en lectura única, es decir, acumular todas las fases parlamentarias en la misma sesión plenaria, sin pasar por ponencia ni comisión. Si se aprueba la tramitación en lectura única, todos esos debates se harán de una tacada en una semana, y la proposición se remitirá al Senado a mediados del mes de diciembre para que se apruebe definitivamente antes de fin de año.