El PSOE pide apartar a dos magistrados y que no se admita el recurso del PP
19 dic 2022 . Actualizado a las 10:40 h.El PSOE se sumó ayer a Podemos en la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, en un escrito registrado ante la corte a menos de 24 horas del pleno extraordinario. Los socialistas presentaron un segundo recurso con el que intentan evitar que el TC admita a trámite la solicitud de amparo en la que el PP pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos por las que se reforma el sistema de elección de los dos candidatos que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Los once magistrados -seis conservadores y cinco progresistas- están ya reunidos desde las 10 de la mañana. Estas son las principales cuestiones que se verán.
Las enmiendas de la discordia
Los grupos del PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para derogar en el Código Penal el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, con una pena muy inferior. A esa proposición, los mismos grupos presentaron diversas enmiendas para reformar el delito de malversación, recortando mucho las penas, y modificar las leyes orgánicas del CGPJ y TC para cambiar las reglas sobre elección de nuevos magistrados.
El recurso de amparo del PP
El escrito de 54 páginas fue presentado el pasado miércoles a primera hora. Recoge que se vulneró el derecho de sus parlamentarios a ejercer su cargo cuando la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso admitió una serie de enmiendas a la reforma en marcha «manifiestamente inconstitucionales» y que carecían de «conexión de homogeneidad con el texto de la iniciativa legislativa».
La respuesta del PSOE
Tras conocer el recurso de amparo del PP y la solicitud de medidas cautelarísimas para suspender la tramitación de las enmiendas, el PSOE registró un escrito ante el pleno firmado por Isaura Leal, secretaria general del grupo parlamentario. Solicitó personarse en el recurso de amparo con el argumento de que una medida cautelar que pueda suspender el procedimiento «impide al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos y tendrá una incidencia directa en el derecho fundamental de todos los diputados de imposible reparación». Añade que, en contra de lo que alega el PP, «no pueden existir esos perjuicios, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los Reglamentos Parlamentarios». A su juicio, «una injerencia del Tribunal Constitucional le colocaría en una posición que no le corresponde», ya que «conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara y la mayoría de los diputados que han votado».
El informe del letrado del TC
Juan Carlos Duque, secretario general adjunto del Tribunal Constitucional, especialista en derecho parlamentario y letrado de la corte desde hace 33 años, emitió un informe contrario a la admisión de la medida cautelarísima pedida por el PP. «La medida cautelar solicitada es novedosa, hasta donde conoce este letrado, en la doctrina de este tribunal. Su concesión, sin audiencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, reviste carácter excepcional», explica. La reiterada doctrina del TC se inclina por no conceder la suspensión.
Para ello, Duque señala que la no adopción de la medida «no haría perder necesariamente al recurso su finalidad, pues una eventual estimación de la demanda permitiría reconocer la vulneración del derecho fundamental vulnerado, aunque fuera con efectos meramente declarativos». Ello sin perjuicio de que, en caso de que la proposición de ley llegase a ser aprobada, «pudiera promoverse contra ella recurso de inconstitucionalidad, en el que pudiera solicitarse, en su caso, su declaración de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad». En suma, el letrado expone que se debe respetar la autonomía parlamentaria en la medida de lo posible y concluye que la ilegalidad de la enmienda no está clara. En cualquier caso, avisa de que la última decisión es del pleno del TC, quien tiene «un amplio margen de apreciación y de discrecionalidad».
El informe encargado por Arnaldo
Herminio Losada, letrado del Tribunal Constitucional, elaboró un informe por encargo del magistrado Enrique Arnaldo, elegido a propuesta del PP y ponente del recurso de amparo, en el que apoya su admisión a trámite y la suspensión cautelar de la tramitación legislativa. Apoyado en ese documento, Arnaldo está dispuesto a defender hoy ante sus compañeros la necesidad de suspender la tramitación de la reforma, pendiente de aprobación en el pleno del Senado del jueves.
La vía de las recusaciones
El grupo de Unidas Podemos registró el jueves ante el pleno del TC un escrito en el que solicita apartar al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez alegando que tienen un «interés directo» en que no se renueve la corte porque son los dos magistrados que sustituirán los candidatos designados por el Gobierno. Estas recusaciones son la principal baza para impedir que en el pleno admita las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP. Y ello porque, si González-Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación que contempla plazos de varios días. Un paréntesis durante el cual daría tiempo a que el Senado apruebe la proposición de ley y sus enmiendas.
