El 2023 ha empezado como acabó el 2022, con familias llorando a mujeres a las que no volverán a ver porque la lacra de la violencia machista se las ha llevado por delante. Si algo hemos aprendido en todos estos años es que no hay medios que lleguen para atender un problema que debiera estar erradicado en una sociedad del primer mundo que se supone plenamente formada. Aquí, en España, en la Europa más avanzada, nos matan a más de una mujer a la semana. Cincuenta se fueron asesinadas en el 2022. Y cuatro van ya en unos pocos días de este año, que podrían ser alguna más con casos que están aún en fase de investigación.
Y nos duelen todas ellas. Las que han caído y las que, por desgracia, ocuparán titulares en los próximos meses. Por eso sorprende que, tras la cascada de muertes de diciembre y enero —una decena ya, maldita estadística—, nuestros políticos gobernantes hayan tardado un mes en encontrar un hueco en sus agendas para intentar coordinar las políticas de Igualdad, Justicia e Interior, los tres ministerios directamente responsables de la seguridad de unas mujeres que no pueden defenderse solas de la maldición de una muerte traicionera y violenta. Algo está fallando en el sistema de protección de las potenciales víctimas justo cuando más denuncia social hay y cuando más recursos de todo tipo se dedican a combatir una violencia más propia de la Edad Media que del siglo XXI.
Atenaza el corazón pensar en esas 712 mujeres que, según la última estadística facilitada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se encuentran en una situación de peligro extremo tienen que levantarse cada día con una espada real sobre sus cabezas. Y que a lo mejor esa noche no podrán besar a sus hijos o a sus seres queridos por culpa de un desalmado egoísta, un verdadero y mortal lobo solitario preocupado únicamente de satisfacer su odio personal.
Ojalá la coordinación interministerial se haga realidad. No basta con amenazar con revelar el pasado violento de un aspirante a novio, la gran medida anunciada por Marlaska —que bordea la legalidad de la protección de datos, por cierto—, ni tampoco con criminalizar a la mitad de la población y a los jueces con el «todos son machistas». A lo mejor revisar las leyes y los protocolos cada semana, aunque sea Navidad, sería más efectivo que hacerlo solo cuando la estadística se dispara. Van tarde.