PSOE y Unidas Podemos aceleran la tramitación de las grandes leyes pendientes antes del 28M

Cuando faltan ya menos de cinco meses para las elecciones municipales y autonómicas (en 12 comunidades) del próximo 28 de mayo, los dos socios del Gobierno de coalición han decidido pisar el acelerador de su actividad legislativa. Tanto el PSOE como Unidas Podemos quieren dejar tramitadas las principales iniciativas que tienen pendientes antes de que la batalla electoral introduzca en su relación todavía más fricciones de las que ya generan de forma habitual los choques entre las dos almas del Consejo de Ministros. Dos flancos que en la práctica se convierten en tres si contamos la división creciente entre el sector que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, al frente de la plataforma Sumar y con el apoyo explícito de Izquierda Unida, y sus teóricos aliados de Podemos.

El Ejecutivo ha declarado enero —cuando tradicionalmente no hay sesiones parlamentarias— como un mes hábil en el Congreso para impulsar tres grandes proyectos todavía pendientes y que han multiplicado las tensiones entre socialistas y morados y entre la propia coalición y socios habituales como ERC y EH-Bildu: la ley de vivienda, la derogación de la llamada ley mordaza y la ley de bienestar animal. El objetivo del PSOE y UP es llegar al 28M lejos del ruido de las negociaciones internas para concentrarse en la contienda electoral. 

Ley de vivienda

Tope a los precios de los alquileres. El principal obstáculo para la aprobación de esta norma, y que ha provocado las discrepancias entre socialistas y morados que mantienen el texto en el cajón de las asignaturas pendientes, es la definición del mecanismo por el que se fijará un tope para los precios de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas. Tanto la delimitación de estas áreas como el tratamiento a grandes y pequeños propietarios de viviendas en arrendamiento han impedido por ahora sellar un acuerdo en el seno del Gobierno. Esquerra y Bildu, socios parlamentarios del Ejecutivo en los grandes proyectos de la legislatura, tampoco acaban de considerar suficientes las propuestas del Partido Socialista para sacar adelante la norma. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hombre de confianza de Pedro Sánchez para los asuntos más espinosos de la agenda legislativa, negocia directamente con la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para tratar de aprobar el texto en febrero. 

Ley mordaza

Una de las promesas de la investidura. El pacto de legislatura firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contemplaba la derogación de dos normas estrella del mandato del conservador Mariano Rajoy: la reforma laboral y la llamada ley mordaza. Con la legislación laboral ya retocada —gracias al voto imprescindible del popular Alberto Casero—, el Ejecutivo de coalición todavía debe derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en el 2015. La pasada semana se reanudaron en el Congreso las ponencias que estudian esta norma para tratar de cumplir antes de la cita con las urnas una de las promesas de la investidura del presidente del Gobierno. En este caso, el problema no se limita a los diferentes enfoques de socialistas y morados, sino que desde Esquerra y Bildu se insiste en que la reforma planteada por el Ejecutivo es claramente insuficiente para las fuerzas secesionistas. 

Ley de bienestar animal

La polémica sobre los perros de caza. Pese a la dificultad de alcanzar acuerdos en materias sensibles como la vivienda y la seguridad, la norma que más roces está causando entre el PSOE y Unidas Podemos es la de bienestar animal. Los socialistas mantienen su intención de dejar a los perros de caza fuera del ámbito de esta legislación, lo que ha causado un grave desencuentro con sus aliados de UP.

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