El Constitucional abordará, doce años después, el recurso del PP contra la ley del aborto
ESPAÑA
El tribunal revisará en el primer pleno de febrero la norma impulsada en el 2010 por el Gobierno de Zapatero
18 ene 2023 . Actualizado a las 07:35 h.El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, ha desembarcado en el cargo al frente de una holgada mayoría progresista —7 a 4, a la espera de que el Senado nombre al sustituto del conservador Alfredo Montoya, que en verano renunció al cargo por motivos de salud— y quiere emplear ese amplio margen de maniobra para despejar cuanto antes la abultada carpeta de asuntos pendientes de la corte de garantías.
En el primer pleno gubernativo de esta nueva etapa, Conde-Pumpido trasladó al resto de los magistrados que su prioridad es «acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política», según informó el propio TC en un comunicado. Si hay un tema que cumple estas dos condiciones es el recurso presentado por el PP contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo del 2010. El presidente del Constitucional ha decidido que el primer pleno de febrero, que se celebrará los días 7, 8 y 9, aborde, doce años después, el estudio de una ponencia que continuará en manos del conservador Enrique Arnaldo.
Ya a finales de mes, del 21 al 23 de febrero, los miembros del TC tendrán que estudiar en pleno los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y Vox contra la ley de eutanasia del 2021 (ya con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos en la Moncloa). Y, en la primera sesión plenaria de marzo (del 7 al 9), se analizarán los recursos del Partido Popular y Vox contra la reforma educativa del 2020, la llamada ley Celaá.
Otros asuntos pendientes
Con tres de los temas más delicados ya sobre la mesa, en los cajones del Constitucional seguirán por ahora otras cuestiones también pendientes de resolución. Entre ellas, los recursos del PP y Cs contra la norma aprobada por el Parlamento catalán que evita la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que fija un mínimo del 25 % de enseñanza en castellano en las aulas de la comunidad.
El renovado TC tendrá que decidir asimismo sobre el escaño del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, quien recurrió contra la sentencia del Supremo que lo condenó por agredir a un policía durante una manifestación y también impugnó la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle su acta parlamentaria en aplicación de dicha sentencia.
Contra Batet también presentaron sus recursos el PP y el diputado popular Alberto Casero, cuyo error al votar sí a la reforma laboral del Gobierno permitió sacar adelante la iniciativa del Ministerio de Trabajo. Tanto el Partido Popular como el ex secretario de organización de la formación conservadora han solicitado al Constitucional que rectifique la decisión de la presidenta del Congreso y anule la votación.
En las estanterías del tribunal también aguardan su turno los recursos contra las dos reformas impulsadas por el Ejecutivo de coalición por las que se impide que un Consejo General del Poder Judicial en funciones realice nombramientos y, en segunda instancia, la que devuelve al CGPJ esta capacidad de cubrir vacantes, pero únicamente si se trata de magistrados del TC.
Mayorías progresistas
En el pleno gubernativo celebrado este martes también se acordó la reorganización de las salas del tribunal. De las cuatro secciones que componen las dos salas, tres cuentan ahora con mayoría progresista y la otra queda formada por el conservador Ricardo Enríquez y el progresista Juan Carlos Campo, a la espera de que el Senado decida sobre el relevo de Montoya. En cuanto al reparto de asuntos, los nuevos magistrados asumen las ponencias que llevaban los miembros del TC a los que han sustituido.