«El 1-O fue un Vietnam para todos, de los 1.500 agentes de la UIP quedan 150», admite un policía nacional procesado por la intervención

Unos 400 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) pertenecientes a 47 de los 50 grupos que componen los antidisturbios fueron enviados hace cinco años y medio a Cataluña para evitar el referendo ilegal del 1-O. El mayor despliegue policial en democracia desde el 23F. Un juez de Barcelona procesó a 45 —5 de las bases de A Coruña y Vigo— por causar lesiones en las cargas en los colegios. Uno se ha prestado a hablar con La Voz bajo la condición del anonimato. Recuerda la tensión y que ni los taxistas los querían. «No trabajo para esa gente», les decían.

—¿Cuántos años estuvo en la UIP?

—Diez. Lo dejé al poco de pasar lo de Barcelona, como el 90 %. Aquello fue un Vietnam para todos. Nos fuimos desencantados con jefes, Gobierno, sistema judicial y con la intervención que se nos encomendó. Nos hemos ido 1.200 de los 1.400 en los dos años siguientes. Cinco años después, no quedan más que 150 de los 1.500. El nivel de violencia ambiental que padecimos no lo habíamos vivido ni yo ni veteranos que llevaban 30 años en la UIP.

—Hablaban de votantes pacíficos

—Aquella gente ponía a sus mayores, a sus hijos con síndrome de Down y los menores en primera fila. Era un nivel de fanatismo que estaba por encima de sus lazos familiares. Se habían constituido 52 cedeerres, había habido un atentado yihadista y estaba activado el nivel antiterrorista cuatro. Era una caldera. Me hubiera dado la vuelta en muchos colegios, pero mi jefe no me dejaba. A más resistencia, más fuerza. La policía no se puede ir nunca.

—El ambiente era muy tenso

—En los dos meses que estuvimos allí, se nos ordenó no parar en los semáforos porque provocábamos y nos lanzaban de todo. Íbamos con rejilla de acero en los cristales. Como si viviésemos en un Estado de sitio. Era como la Alemania nazi. No se podía pensar diferente, no podían ver un uniforme. Nos sometieron a mucha tensión.

—¿Fue su actuación más difícil?

—Sí. Ellos estaban perfectamente planificados y la estructura en todos los colegios era igual. Una primera línea de gente mayor y niños e impedidos, una segunda de gente más joven, y una tercera, la más cercana a las puertas, que era de los dirigentes, los CDR, gente más violenta y agresiva. Cortan los vídeos y parece que estás levantando a un viejecito y dándole un palo a la vez. Tenían talleres de resistencia pasiva. Los vas sacando y en minutos muchos se te echan encima, y no te queda otra que ampliar la intensidad de la fuerza porque si no los puedes detener... hay barra libre.

—¿Faltaban agentes?

—Con dos millones de personas hubiéramos necesitado 150.000 o 200.000 policías, pero éramos menos de 1. 500 y sin poder usar medios antidisturbios. El dispositivo era absurdo. Actuamos en 29 de los 2.500 colegios. En el ministerio pensaron que con ir allí y enseñarnos un poco, la gente iba a dejar de ir a votar.

—Y no hubo orden por escrito

—La única escrita es la de la Secretaría de Estado de Seguridad. No hubo orden de servicio, que es obligatoria, todas fueron verbales. Se nos dice que hay que llegar al colegio, asegurar la entrada, requisar las urnas y salir, todo en menos de 20 minutos porque pueden quedar por las redes y complicarnos la vida. En muchos colegios estuvimos más de hora y media.

—Y se les complicó

—Llevábamos seis horas de trabajo y entre 40 levantamos a 2.000 personas, y sin poder ir al baño. Teníamos orden de no detener y no sancionar, y al ver que hacíamos eso, se avisaban, se crecieron y su actitud pasó de pasiva a agresiva.

—Lo procesan por lesiones y actuación no proporcionada

—El juez tiene mucha carga política. En una instrucción de 5 años, separa los colegios en los que se usó defensa [porra] porque te veías sobrepasado y en los que se empleó fuerza de empujones. A estos los sobreseyó aunque las lesiones hayan sido mayores. Nosotros llevábamos hora y pico, y cada minuto era poner en riesgo nuestra integridad. Y nos dice el juez que fue una fuerza desproporcionada. Es una persona con cero estudios en orden público. Yo iba de uniforme y con mandamiento judicial. Un jefe mío, sí, pero un juez no me puede decir cómo actuar en orden público. Hice lo que me mandaron y no me han abierto expediente, y van y me abren un proceso penal. No lo entiendo.

—¿Han corrido peligro?

—Después de 90 minutos en un colegio, nos encontramos a 300 personas bloqueando la calle y tuvimos que dar la vuelta, bajarnos de las furgonetas y lanzar salvas. Iban a por nosotros, a encerrarnos. Eso el juez no lo ve, y es que 40 policías encerrados igual acabamos a tiros, que a lo mejor era lo que querían los independentistas, que hubiera un mártir.

—¿No podían pedir refuerzos?

—No teníamos grupos de apoyo. Nos recalcaron que más importante que entrar en un colegio era salir. Así que tenías que mantener el control de la masa, la puerta expedita y conexión con los vehículos, porque si quedábamos aislados solo podríamos salir a tiros. Y me procesan porque di un gomazo en una intervención de seis horas.

—El auto dice que un altavoz no es suficiente para advertir

—Nosotros no tenemos altavoces. Llegábamos y el jefe les explicaba que había un auto, que todos ya lo sabían, por supuesto. Y si alguien no sabía que el referendo era ilegal, no sé qué hacían tirados en el suelo agarrados. El juez dice que los ciudadanos solo iban a votar. Si para votar se encadenan, hacen una resistencia, desobedecen el auto del TSJC y a la policía, pues ... por eso digo que su sesgo es muy marcado.

—Está criticando al juez

—A ver, la policía de uniforme no agrede, usa la fuerza. El juez no ha reconocido el peligro de la intervención. Lo que queremos todos es que salga el tema judicial de Cataluña. Sabemos que en el Supremo en Madrid los jueces van a ser técnicos e imparciales, pero en Cataluña igual tienen una visión distorsionada como pasaba en el País Vasco en los setenta. La sentencia del procés dice que «el uso de la fuerza podría devenir desproporcionada y se ordenó retirar a las fuerzas y cuerpos de seguridad», claro «podría devenir», hasta entonces el Supremo asume que no era desproporcionada.

—¿Cómo valora la intervención?

—Con dos millones de personas lo que sucedió fue lo de Roger Español [perdió un ojo], un fémur roto y no sé si un tabique nasal. Pues ya me dirán si no es quirúrgica, exquisita y proporcionada. Nosotros levantamos a unas 2.500 personas sin una gota de sangre ni una lesión impeditiva.

—¿Hubo policías heridos?

—Sí, pero nos tratamos en nuestras bases. Hubo bajas de meses.

—Los pueden acusar de torturas

—Solo nos faltaba eso. En décimas de segundos y por empujar a alguien, y contra la integridad moral, por cumplir la orden del TSJC. Lo que pasa es que como las lesiones son leves [50 euros de sanción] mete tortura porque conlleva inhabilitación de doce años y te echan del cuerpo.

—¿Les apoyan los mandos?

—Los de los despachos no van procesados. Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo, y el comisario de las UIP han ido a declarar, pero como testigos; y nosotros, que fuimos a hacer lo que nos mandaron, vamos imputados. Nos dejaron vendidos. Nadie siquiera asumió la orden. No hay nada por escrito cuando en un triste partido del Dépor nos la dan. Y resulta que de la actuación más importante de la democracia, como nos dijo [el ministro de Interior] Zoido, que en gran parte la unidad territorial de España pasaba por nuestras manos, no hay nada por escrito.

—¿Y respaldo institucional?

—Nadie nos ha llamado, ni mostrado solidaridad, ningún mando, ningún político, ni de un signo ni de otro. Reconocimiento institucional, cero. Allí nos envió el PP y ahora del PSOE tampoco esperamos nada.

—¿Le afecta a nivel personal?

—Mucho. Han sido cinco años y medio levantándote pensando que tienes la espada de Damocles encima. Desgasta y desmotiva. Hemos cogido asco al cuerpo. Somos como veteranos del Vietnam. Y pensando lo que queda, porque el asunto va a llegar al TSJC y al Supremo. O sea, otros diez años. Y se nos está acusando con dinero público. La asociación Iridia, que recibió más de 200.000 euros de la Generalitat el año pasado.

—¿Qué opina de los indultos?

—El día de mi juicio, Junqueras, Romeva y Sànchez se pueden sentar atrás, pueden ir de público y yo voy a estar en el banquillo pidiéndome por lesiones leves 50 euros, pero por torturas hasta 9 años y 12 de inhabilitación. Ellos, que están condenados a 12 de cárcel e inhabilitación pueden estar detrás, indultados y rehabilitados.

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