La Fiscalía mantiene como definitiva la petición de seis años de cárcel para Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento catalán
ESPAÑA
El Ministerio Público rebaja las penas para los otros dos acusados en la última sesión del juicio
01 mar 2023 . Actualizado a las 12:00 h.En la última sesión del juicio, que quedará visto para sentencia, el ministerio público ha mantenido este miércoles la petición de seis años de prisión, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros para la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
La Fiscalía ha presentado las conclusiones definitivas en el juicio contra Laura Borràs, acusada de beneficiar a un amigo con contratos a dedo cuando dirigía la institución de las letras catalanas (ILC), entre 2013 y 2017.
En cambio, la Fiscalía ha rebajado la solicitud de penas para los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol. Para el primero ha reclamado dos años de prisión, cuatro menos que al inicio del juicio, por los mismos delitos que Borràs. Para Pujol, ha pedido un año y dos meses de cárcel, cuando en un principio solicitaba tres años. Para ambos, ha dicho que aplica el atenuante de confesión. Ambos reconocieron los hechos y la participación de los tres acusados en los hechos juzgados.
De esta forma, se ha confirmado el pacto suscrito entre la Fiscalía y los abogados de Herrero y Pujol, que en su declaración en el juicio admitieron los hechos e inculparon a Laura Borràs. «Solicitamos sentencia condenatoria para los tres acusados», ha afirmado la fiscal del caso. «Han quedado acreditados los hechos juzgados y dos de los acusados los han reconocido», ha asegurado. Sus abogados han mostrado su conformidad con la petición de la Fiscalía.
La acusación ha dado por buenas las conversaciones telefónicas y los correos intervenidos a Herrero en los que intercambia información con Laura Borràs sobre cómo llevar a cabo el presunto fraccionamiento y el supuesto amaño de 18 contratos de 18.000 euros para asegurarse su adjudicación sin necesidad de convocar un concurso público. «Hay una evidencia incontestable», según la Fiscalía de que se fraccionaron los contratos por parte de la expresidenta del Parlamento, entonces directora de la institución de las letras catalanas (ILC). El Ministerio Público ha dado por hecho que el fraccionamiento de contratos, entre Borràs y Herrero, se hizo a través de la presentación de presupuestos «falaces», dos falsos y uno real. De esta forma no solo evitaban el concurso público sino que burlaban el control del interventor general del Departamento de Cultura de la Generalitat.
El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, pedirá su absolución. En el inicio del juicio, ya reclamó la suspensión del mismo, desde el argumento de la falta de imparcialidad -a su juicio- del presidente del tribunal y una posible vulneración del derecho a la defensa de su clienta. Boye asegura además que la principal prueba que incrimina a su defendida, unos correos electrónicos cruzados con Isaías Herrero, han sido manipulados. Boye contrató como perito a Enrique Hellín quien cuestiona la cadena de custodia de las pruebas informáticas. A su juicio, el contenido de los tres discos duros incautados en el registro del domicilio de Herrero se ha manipulado. Y las copias no tienen el mismo contenido que los originales. Los peritos de la Guardia Civil niegan este extremo.