La polémica sobre los regadíos de Doñana caldea la precampaña del 28M
02 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.No es descabellado pensar que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nunca se le ocurrió que su decisión de impulsar, a poco más de un mes para las elecciones municipales del 28 de mayo, una proposición de ley en el Parlamento autonómico para ampliar las hectáreas de regadío en la corona norte del parque nacional de Doñana acabaría cobrando tal dimensión. En el grupo parlamentario popular en el Congreso no ocultan su desconcierto. Lo que fue concebido como un golpe de efecto para ganarse el respaldo de los agricultores de la provincia de Huelva se convirtió en pocos días en un asunto de interés nacional, con el PSOE y el presidente del Gobierno en persona enarbolando la bandera de la protección del medio ambiente, y ha acabado ni más ni menos que con un choque entre el PP y la Comisión Europea. «Error de cálculo», lamentan algunos en el partido.
En medio de un clima extremo, con España haciendo frente a uno de los peores episodios de calor en un mes de abril en 60 años y una sequía que amenaza cultivos y ganaderías, el agua cobra una relevancia capital. No es nuevo. El reparto de ese recurso vital ya había generado amplios debates en anteriores campañas y un enfrentamiento entre territorios algo incómodo para los grandes partidos, que tienen en sus filas presidentes autonómicos con posiciones contrarias. Incluso ahora, en la precampaña del 28M, ha sido un asunto a tener en cuenta. El socialista Ximo Puig, desde la Comunidad Valenciana, y los populares Fernando López Miras, desde Murcia, y Moreno, desde Andalucía, llevan meses dando la batalla política y judicial contra un real decreto que Emiliano García-Page, también del PSOE, aplaude desde Castilla-La Mancha y que revisa el Plan Hidrológico del Tajo para, entre otras cosas, reducir los caudales del trasvase al Segura.
Pero Doñana ha adquirido otra categoría. El PSOE ha sabido leer que, más allá de una cuestión que afectaba a una región concreta o a un sector específico de la economía, tenía ante sí un asunto al que la ciudadanía se muestra cada vez más sensible. El CIS lo detectó claramente el pasado verano, cuando España batió el récord de días en olas de calor y se registraron más de 60 grandes incendios. La preocupación por el medio ambiente se disparó entonces desde el vigesimosegundo puesto al quinto en solo dos meses y de ser mencionado por el 2, 7% de los encuestados al 14,6 %.
Suelo forestal y derechos
Los populares acusan a los socialistas de mentir sobre el contenido de la norma que, junto con Vox, han empezado a tramitar en el Parlamento andaluz para revertir la ordenación del territorio que hizo en el 2014 la Junta gobernada por el PSOE y permitir que cientos de agricultores que vieron sus fincas convertidas en suelo forestal puedan recalificar sus terrenos, lo que les permitiría obtener derechos de aguas exclusivamente superficiales.
El texto precisa que no se autorizará ninguna extracción del acuífero de Doñana, ya sobreexplotado —se emplea para riegos agrícolas, para Matalascañas y para un campo de golf— y mermado tanto por los pozos ilegales como por la sequía. Pero la comunidad científica, las organizaciones ecologistas y, lo que es más comprometedor para el PP, la Comisión Europea han advertido de que la entrada en vigor de la norma podría generar más presión sobre el espacio natural, la mayor reserva ecológica de Europa.
Los socialistas, que admiten abiertamente su intención de utilizar electoralmente un asunto que, a su juicio, sitúa al PP en un «marco perdedor», han diseñado una doble línea argumental. El mensaje para los agricultores de la zona, dedicados al cultivo de los frutos rojos, es el de que están siendo engañados porque nunca habrá agua para ellos. A la que, según la ley, podrían acceder debe ser suministrada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a través del trasvase desde la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras, pero la Junta no tiene competencias para autorizar su uso y la normativa que regula el trasvase no prevé nuevas concesiones.
En su campaña nacional, Pedro Sánchez eleva el tiro. El pasado martes, en su debate con Alberto Núñez Feijoo en el Senado, agitó el fantasma del negacionismo del cambio climático. En Génova sostienen que los ataques del Ejecutivo en esta materia no les hacen daño, pero no todos en el partido se sienten cómodos con un debate que pone el foco en un ámbito con el que no contaban y distrae del discurso en el que pretendían centrarse. El hecho, además, de que la defensa de Moreno haya acabado en un cuestionamiento de la imparcialidad de Bruselas respondido por la presidenta Ursula Von der Leyen plantea además una derivada nueva, más vinculada con la institucionalidad.
La Generalitat abre una guerra hídrica con el Gobierno
Cristian Reino
Barcelona/Colpisa
La sequía aprieta en Cataluña. Aunque ha llovido este pasado fin de semana, los pantanos siguen mirando al cielo, pues están en su peor situación en lo que vamos de siglo. El fantasma de los cortes de suministro a la ciudadanía está sobre la mesa si el panorama no cambia. El final del verano puede venir acompañado de medidas drásticas.
Salvo rezar a la Moreneta, de momento, la Administración catalana ha aportado pocas soluciones estratégicas, más allá de un decreto sobre la sequía para afrontar las urgencias coyunturales. El Gobierno autonómico ha tratado de cargar todas las culpas al Ejecutivo central, que días atrás decretó el cierre del canal de Urgell, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro; un hecho inédito en casi 200 años. La infraestructura es clave para el campo de Lérida, puntero en el cultivo de fruta. El Ejecutivo catalán acusa al Gobierno de no haber invertido en la modernización del canal, mientras se defiende de los ataques de la oposición, que señala que la Generalitat lleva una década, la del procés independentista, sin atender las cuestiones importantes. Lo mismo ha ocurrido con los proyectos de energías renovables. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como hace en la cuestión de Cercanías de Renfe, ha aprovechado esta crisis para reclamar más competencias. «La falta de planificación del Gobierno español hipoteca hoy el futuro del campesinado catalán», asegura el Ejecutivo autonómico, que ha pedido a Pedro Sánchez la gestión compartida del tramo catalán de la cuenca del Ebro.