La reforma territorial de Urkullu agita la incierta investidura y le enfrenta a ERC
ESPAÑA
El Gobierno valora sin compartir el plan del lehendakari, al que la Generalitat catalana opone su exigencia de amnistía y referendo
01 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.En marzo de 2018, todavía bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y ante un selecto grupo de ejecutivos de Madrid y Cataluña convocados por el foro Puente Aéreo, el lehendakari Iñigo Urkullu puso de largo su propuesta para actualizar y profundizar en el autogobierno de Euskadi y la plurinacionalidad a través de una «convención constitucional» que, a su juicio, permitiría actualizar la España autonómica alumbrado en 1978 dentro de la legalidad y sin necesidad de reformar la Carta Magna. En estos años, el presidente vasco ha desempolvado de tanto en tanto un planteamiento que el PNV plasmó en el compromiso de «impulsar las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales» en el acuerdo firmado en 2019 con Pedro Sánchez para investirle presidente; compromiso que los peneuvistas, sostenedores de la legislatura de Sánchez y coaligados con los socialistas en el Ejecutivo de Vitoria, dan por incumplido.
Ahora, más de un lustro después, el lehendakari ha vuelto a hacer bandera de su iniciativa primero este martes, en la apertura del curso político en Euskadi, y ayer en un artículo en El País. Dos movimientos que han agitado el patio de la siempre espinosa y pendiente revisión del modelo territorial que rige el país desde hace cuatro décadas en un contexto definido por la incertidumbre sobre la investidura tras las elecciones del 23 de julio y por las eventuales cesiones que esté dispuesto a asumir Pedro Sánchez para ganarse el espaldarazo del conjunto de las fuerzas soberanistas a las que necesita para proseguir en la Moncloa.
Con el PNV atravesando una paradójica tesitura —es clave para las aspiraciones tanto de Sánchez como de Feijoo, pero ha perdido fuelle electoral frente a una Bildu al acecho de su poder—, Urkullu interpretó en su intervención del martes la dependencia del líder socialista como «una ocasión» para avanzar en un reajuste del Estado de las Autonomías que blinde las competencias propias, reconozca que España es una nación de naciones y consagre la bilateralidad de las relaciones con Madrid. El lehendakari defiende sus tesis, de las que disienten hasta la fecha los socialistas vascos, para Euskadi, pero haciéndolas extensivas a Navarra y las comunidades «históricas» —Cataluña, Galicia y Andalucía-— con la promoción de la mencionada «convención constitucional» en dos fases: un «acuerdo preliminar» que asiente la premisa de la plurinacionalidad del Estado y el «derecho a decidir pactado» (el eufemismo de la autodeterminación); y, al cabo de un año, la celebración propiamente dicha del foro para explorar tanto las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Carta Magna -la que constitucionaliza la singularidad foral de Euskadi y Navarra- como las del autogobierno de catalanes, gallegos y andaluces. El presidente vasco cree que su propuesta de «interpretación constitucional» no requiere una reforma de la ley de leyes hoy inviable dado el cisma entre el PSOE y el PP.
El Gobierno en funciones de Sánchez apuntó tras el 23J a un eventual reacomodo del modelo territorial para dar satisfacción a las reclamaciones soberanistas que no desborden la Carta Magna, con una renovación paralela de la financiación autonómica común estancada desde hace una década. Pero las exigencias de ERC y Junts, focalizadas en la amnistía para Carles Puigdemont y el resto de los encausados del 'procés' y en un referéndum que Moncloa sigue negando, han centrado ahí el pulso por la investidura en la que interfiere el debate sobre el Estado autonómico. El jueves, el Gobierno reaccionó ante la conocida iniciativa de Urkullu valorándola como «muy legítima» para un «debate constructivo» dentro de la legalidad, aunque incidiendo en que no es la de los socialistas.
«No es nuestra propuesta, pero valoro muy en positivo las que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo, entre diferentes dentro del marco constitucional», evaluó el ministro de la Presidencia y negociador de Sánchez, Félix Bolaños, quien aprovechó el viaje y la charla telefónica mantenida la víspera por Urkullu con Alberto Núñez Feijoo para pedir al líder del PP que deje de afrontar la investidura como «pollo sin cabeza». La medida respuesta de Bolaños ante la yincana que tienen los socialistas por delante para hacer prosperar la reelección de su jefe de filas contrastó con el tono más comprometido de otras reacciones y, en especial, con la contundencia con que Esquerra, socia también esencial de Sánchez y alineada con Bildu, se desmarcó del presidente vasco.
Vía corta para Cataluña La consejera de Presidencia del Govern en solitario de ERC, Laura Vilagrà, lo dejó claro en cuatro palabras: «Nuestro marco es otro», zanjó, antes de insistir en que las exigencias de los suyos siguen donde están -en la amnistía y en el referéndum de independencia- dando a entender que la 'vía Urkullu' se le queda corta al secesionismo catalán. Lo clarificó, con acidez, la secretaria general del partido, la huida Marta Rovira, quien incidió en que en Cataluña existe una «mayoría social» que quiere ir más allá, lanzando un dardo envenenado al mandatario del PNV: «Desde el Concierto Económico vasco, con unos trenes que deben funcionar y la protección de los fueros, se deben de poder hacer propuestas de reflexión constitucional». ironizó.
Rueda ve la propuesta «bien encaminada»
Más corteses se mostraron con Urkullu los presidentes de Andalucía y Galicia, los populares Juanma Moreno y Alfonso Rueda, y comprensivo el exlíder socialista de la Comunidad valenciana, Ximo Puig. Pero los tres coincidieron en reclamar respeto para sus autonomías e igualdad de trato ante una eventual reforma territorial.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta celebrado este jueves, Rueda ha valorado la iniciativa del presidente vasco y ha comentado que está «bien encaminada» al tener la Constitución como «camino, como marco y como límite».
Con todo, ha avisado de que el objetivo, tanto suyo como de la Xunta, es «evitar desigualdades entre territorios y que la ventaja de unos no se pueda convertir en la desventaja de otros». «Que esto no suponga colocar a unas en situación de ventaja sobre otras», ha repetido.
Así, ha censurado que las conversaciones «casi clandestinas» de otros partidos políticos «podrían ir por favorecer a unas Comunidades en detrimento de otras».