Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día

Aumenta la grieta entre el PSOE de la Transición y el de Sánchez por la amnistía

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page.
El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. Ismael Herrero | EFE

El grueso de barones aceptan ceder, pero crece la alarma entre los veteranos

10 sep 2023 . Actualizado a las 09:32 h.

Pedro Sánchez no ha dicho nada ni lo dirá en los próximos días. Ni de su boca ni de la de ningún miembro de la dirección del PSOE ha salido en la última semana la palabra «amnistía», entre otras cosas, porque, alegan, es pronto, pero el mero hecho de que, tras oír las exigencias de Carles Puigdemont para sentarse a negociar la investidura, el Gobierno en funciones se ratificara en que el acuerdo es tan deseable como posible ha bastado para generar una división entre los socialistas. Por un lado, los que protagonizaron o vivieron desde la primera línea la Transición y los primeros años de la democracia y, por otro, con contadas excepciones, los actuales dirigentes de la formación.

El precio puesto por el expresidente catalán a un eventual apoyo de los siete diputados de Junts a un Gobierno del PSOE con Sumar es para no pocos veteranos inasumible. La generación que hoy ocupa puestos de responsabilidad relativiza, sin embargo, los riesgos que tendría dar respuesta, con alguna fórmula que todavía no se explicita, a la exigencia del líder secesionista, prófugo de la justicia desde hace casi seis años, de proceder a «un abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo» mediante una ley de amnistía.

La mayoría de los barones de la quinta de Sánchez esgrimen que hay que garantizar la continuidad de un Ejecutivo «progresista» y se limitan a expresar su confianza en que se hallará una solución «que quepa en la carta magna». Dejando a un margen que la posición oficial del partido era hasta hace tan solo dos meses que la amnistía no era constitucional, la dificultad central para muchos de los que en la última semana decidieron expresar sus reparos no es tanto, sin embargo, si una amnistía es o no jurídicamente viable —para unos podría serlo y para otros no—, sino sus implicaciones en el marco en el que se plantea.

En la Moncloa se aferran a que el pasado martes, cuando compareció en Bruselas para fijar sus condiciones, Puigdemont empleó un tono menos «confrontativo» del habitual y a que no puso el referendo como condición para la investidura, aunque sí explicitó que busca un «acuerdo histórico» que reconozca el derecho de autodeterminación. Sus mayores se quedan, en cambio, con una frase crucial: «La amnistía debe servir para reparar una injusticia, no para olvidar o llegar a un punto final ni para igualar las víctimas y los victimarios». 

Con la oposición

Aunque en público la cúpula del PSOE ha evitado los reproches, algunos como el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, sí han tratado de desacreditar los argumentos de los discrepantes acusándolos de hacer el juego a la oposición. «Busco declaraciones de González o Guerra sobre la subida del SMI o las pensiones, cuestiones que fueron atacadas por la derecha. Sobre vivienda, desigualdad. No encuentro nada. Hace mucho que dejaron de ser un referente progresista para convertirse en lo que son hoy», escribió en X.

Lo cierto es que el expresidente y el exvicepresidente del Gobierno no son los únicos que han reclamado a Sánchez que no pacte con Puigdemont. A la lista se suman exministros como Ramón Jáuregui, Virgilio Zapatero, Tomás de la Quadra-Salcedo, Jordi Sevilla y Joaquín Almunia; el expresidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla (su antecesor, Rafael Escuredo, sin embargo, respalda las intenciones del jefe del Ejecutivo en funciones), y exdirigentes poco sospechosos de connivencia con la derecha como Jesús Eguiguren y el expresidente José Montilla.

El común denominador en los planteamientos expuestos por estos es que lo que reclama el líder de Junts es la deslegitimación del Estado y del sistema democrático, y el reconocimiento de que la actuación de los secesionistas en el 2017 estuvo justificada, como la de quienes lucharon contra la dictadura y fueron amnistiados en el 77. Nada que ver con los indultos, que implican el compromiso de no reincidencia. El llamamiento no ha hecho, aun así, la más mínima mella en la determinación de Sánchez. En el PSOE contemporáneo solo el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page y el exjefe del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ya de salida, se oponen a la estrategia.