La cúpula del Supremo ve «incompatible» que la amnistía fiscalice sus resoluciones
ESPAÑA
La Sala de Gobierno se suma a la respuesta judicial contra la posibilidad de que las futuras comisiones parlamentarias sobre la «guerra judicial» en Cataluña escruten la actividad jurisdiccional
13 nov 2023 . Actualizado a las 17:05 h.La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida este lunes en sesión ordinaria, ha salido también al paso del proyecto de ley de la amnistía, registrado ya en el Congreso. Por unanimidad de sus miembros, entre ellos el presidente del alto tribunal Francisco Marín Castán y el máximo responsable de la Sala Segunda (de lo Penal), Manuel Marchena, ponente de la sentencia del procés en octubre del 2019, la Sala «ve incompatible» que las futuras comisiones de investigación que se constituyan en la cámara Baja sobre la llamada «guerra judicial» en Cataluña «fiscalicen o supervisión» la labor jurisdiccional de juzgados o tribunales.
La cúpula del Supremo, por lo tanto, se suma al resto de organismos o entidades judiciales en su frontal oposición a que las investigaciones parlamentarias de los conocidos como lawfare en Cataluña señalen a jueces y magistrados. Desde la pasada semana una cascada de actores del mundo judicial como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todas las asociaciones profesionales de la carrera, colectivos fiscales, los jueces decanos, los presidentes de las audiencias provinciales o colegios de abogados han considerado que estas comisiones vulneran la separación de poderes.
Pese a que desde el Grupo Parlamentario Socialista han querido matizar que en ningún caso las investigaciones sobre la operación Cataluña o el espionaje con el programa Pegasus a líderes independentistas vayan a escrutar las actuaciones previas de juzgados y tribunales, la Sala de Gobierno del Supremo ha manifestado que el estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, «exige el absoluto respeto a la división de poderes».
No obstante, según la letra pequeña del texto registrado este lunes la creación de dichas comisiones de investigación parlamentarias tienen el objetivo de detectar supuestos casos de «guerra judicial» y, de ser así, que se deriven las «consecuencias» oportunas, lo que podría acabar en querellas por prevaricación contra jueces y magistrados, además de responsabilidades civiles y disciplinarias.
Además, los presidentes de las cinco salas jurisdiccionales del Supremo integrantes de la Sala de Gobierno han recordado que el ejercicio de su función «se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley». Una referencia implícita a que la proposición de ley de amnistía para el procés se aleja de sus principios de actuación.