La ley de amnistía abarca «los actos de responsabilidad penal, administrativa o contable» del «procés»
ESPAÑA
El PSOE da a conocer el polémico texto que pretende dejar impunes ya en los primeros meses del 2024 «todos los actos de responsabilidad penal, administrativa o contable» relacionados con los referendos independentistas entre el 2012 y el 2023 pero también otros no «directamente» vinculados con las consultas
13 nov 2023 . Actualizado a las 15:03 h.La polémica ley de amnistía del procés, aceptada por Pedro Sánchez como moneda de cambio para su investidura después de años de defender su inconstitucionalidad, está ya a punto de iniciar su singladura en el Congreso. El PSOE dio a conocer con todos sus socios de investidura, a excepción de Coalición Canaria, la polémica norma con el propósito de que sea tramitada por el procedimiento de urgencia. A expensas de los obstáculos que pueda poner en el Senado el PP, con su anunciada reforma del reglamento, podría estar aprobada, pues, en un plazo de tan solo dos meses.
Los socialistas han pasado meses negociando, especialmente con el partido de Carles Puigdemont, pero también con ERC, el alcance de esta medida contestada de antemano por la oposición, por algunos (no muchos) sectores del PSOE y por buena parte del mundo judicial. Finalmente, como demandaban los posconvergentes, el conjunto de delitos amparados por la norma será amplio. Y el plazo del que dispongan los tribunales para aplicar la ley, breve: un «máximo» de dos meses a partir de su entrada en vigor.
La proposición de ley -entregada para su revisión a aliados como el PNV o Bildu esta misma mañana, pocos minutos antes de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convocara oficialmente para este miércoles y jueves la investidura- fija como amnistiables, según eldiario.es «todos los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023». Es decir, que también afecta, por ejemplo, a las causas abiertas por el Tribunal de Cuentas contra el expresidente Artur Mas y otros altos cargos de su gobierno.
Pero, además, el texto subraya expresamente que la ley también beneficiará a quienes en esas fechas cometieron otros delitos que «no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas». Bajo ese paraguas podrá cobijarse con toda probabilidad, por ejemplo, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluis Alay, investigado por malversación de fondos públicos por un viaje a Nueva Caledonia para asistir como observador a un referendo. La proposición se refiere, de hecho, a «aquellas actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares». También incluye, sin citarlos expresamente, a los CDR, salvo en el caso de que exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de 15 de marzo del 2017, que abarca desde atentados mortales a tenencia y fabricación de explosivos, así como los de torturas.
Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
En una extensa exposición de motivos, de doce páginas, el texto defiende además la legalidad y la constitucionalidad de la amnistía que justifica, como hizo el propio Sánchez recientemente ante el comité federal de su partido, por el «interés general» de España. A pesar de la enorme contestación que ya ha levantado su mera discusión, con protestas (en algunos casos violentas) en toda España, arguye que pretende «generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político».
Sin alusiones al lawfare
La proposición de ley de amnistía no incluye ninguna alusión al «lawfare» o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales. El texto ignora esos dos aspectos incluidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial, pero sí prevé la reforma del Código Penal para incluir en su artículo 130 la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto. Así, la ley no abarcaría el procesamiento contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el procesamiento del clan de los Pujol.