La CEOE alerta del «grave menoscabo» a la seguridad jurídica con la ley de amnistía
ESPAÑA
Garamendi alerta de la «fragmentación y el debilitamiento institucional»
14 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) advirtió ayer del «grave menoscabo» que los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, y alertó sobre «la fragmentación y el debilitamiento institucional» que está sufriendo el país, informa Europa Press.
El comunicado de los empresarios llega después de que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, convocase para ayer un comité ejecutivo «extraordinario y de urgencia». La reunión, toda una «sorpresa» para el Gobierno», provocó que el secretario de Estado de Empleo en funciones, Joaquín Pérez Rey, animase a la patronal a trabajar por el bien del país» y a «apartarse de las proclamas ideológicas».
El texto de la CEOE advierte de que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles y de que se está creando un clima de negocios «cada vez más complicado», en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también, dice la patronal, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de España.
empresarios de galicia
«Apuesta por la desigualdad». La Confederación de Empresarios de Galicia denunció ayer que el acuerdo de PSOE y Junts «es una apuesta deliberada por la desigualdad entre las comunidades autónomas». Juan Manuel Vieites señaló que «los empresarios y empresarias necesitamos estabilidad política, como base fundamental del desarrollo económico y de la prosperidad social. No podemos admitir acuerdos que apuesten por la autonomía financiera de parte del territorio, en este caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que rompe el actual modelo previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas y el principio de solidaridad entre territorios». Según Vieites, el acuerdo suscrito con Junts «contraviene la Constitución». Además, manifestó su preocupación y rechazo al acuerdo suscrito con Sumar y con el PNV. El primero porque, consideran, perjudicará la actividad de las empresas, dará pie a inseguridad jurídica, inestabilidad social y mayor carga fiscal. Y el segundo porque abunda en el distanciamiento y la división que supondrá el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social.
jóvenes empresarios
«Amnistía por una investidura». El presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Fermín Albaladejo, defiende la «igualdad» entre territorios y censura que se vaya a aprobar una amnistía «única y exclusivamente por llegar a una investidura». Albaladejo aboga por la igualdad de todos los españoles y que todos deben «cumplir las leyes». «Lo que queremos también es que haya igualdad para el resto de regiones, no solamente Cataluña o País Vasco», indica tras afirmar que «no hay españoles de primera y españoles de segunda».
tribunal superior de xusticia de galicia
Defensa de la independencia judicial. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia —como el alto tribunal de Cantabria y de Murcia hicieron ayer—, suscribió el comunicado emitido por las cuatro asociaciones judiciales ante el acuerdo de PSOE y Junts por el que muestran «el rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias». Añade que el texto del acuerdo «contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». Y añade que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución». Y recuerda que «el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».