La ley de amnistía perdona cargas penales y contables a cientos de secesionistas
ESPAÑA
La mayoría son políticos y sus asesores, CDR y personal electoral
14 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El texto de ley de la amnistía presentado ayer en el Congreso, de llegar a buen término, anulará la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de centenares de personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso secesionista en Cataluña durante una década, acotada entre el 1 de enero del 2012 y el 13 de noviembre del 2023, por lo que incluye la consulta del 9N del 2014 auspiciada por el entonces presidente Artur Mas. Es una amnistía amplia para no «dejar atrás a ningún soldado», como dijo Carles Puigdemont.
líderes políticos
Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras. La amnistía se aplicará no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, condenados o procesados por el Tribunal Supremo, sino que beneficiará a las causas de la presidencia de Artur Mas, como las abiertas en el Tribunal de Cuentas contra él y otros 35 ex altos cargos para los gastos del 1-O, como exdelegados de la Generalitat en Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en activo como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck.
Consejeros, diputados y asesores. A los grandes nombres del procés se sumará el perdón a los entonces consejeros y diputados, pero también a alcaldes y concejales. Entre los primeros, el de Interior, Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar a un sargento de los Mossos, Lluís Escolà, para que ejerciera de escolta de Puigdemont tras su huida de España. Escolà también será amnistiado. También podrá cobijarse en ese paraguas el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado por malversación.
Otros ex altos cargos perdonados serán la entonces consejera de Cultura, Natàlia Garriga; el ex secretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové; y el diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O. Asimismo, la ley beneficiará a los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención. Pero también a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, indultados, pero inhabilitados por desobediencia y malversación. A Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (condenados por desórdenes públicos), a la expresidenta del Parlamento Carmen Forcadell y a los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn (condenados por desobediencia), aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas las de prisión. Igualmente beneficiada resultaría la exconsejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí (desobediencia).
sociedad civil
CDR, Tsunami Democràtic, Òmnium. La norma ampara a los CDR, autores de los disturbios contra el fallo del procés en el 2019, y a Tsunami, por presuntamente organizar las protestas. En esta causa está inmerso Alay; imputada la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por desobediencia y contra la que pesa orden de detención; y se investiga a Puigdemont. La ley dejaría sin juicio a los 12 procesados por pertenencia a organización terrorista. Y a los 10 investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami. Además, el juez ha imputado, entre otros, al exconsejero de ERC Xavier Vendrell; a los empresarios Oriol Soler, Josep Campmajó y Jesús Rodríguez; y a Jaume Cabani y Oleguer Serra, de Òmnium. Alay y Vendrell también están investigados en Voloh, el caso del desvío de fondos al independentismo.
Personal electoral. Para llevar a cabo el referendo ilegal del 1-O fueron necesarios cientos de actores, como los directores de los colegios electorales para su apertura, pero también el personal que estuvo en las mesas y los cinco integrantes de la Sindicatura Electoral, entre ellos la consejera de Feminismos Tània Verge y el exdiputado Josep Pagès (Junts).
fuerzas del orden
Agentes policiales. La ley eximirá de responsabilidad a la mayoría de los 45 agentes de la Policía Nacional procesados por un juzgado de Barcelona por las cargas del 1-O y a los 27 policías y un guardia civil que un juez envió a juicio por delitos de lesiones en Gerona. Quedan excluidos los agentes si están investigados por delitos de torturas, tratos inhumanos o degradantes.