La cifra del partido de Puigdemont responde al cómputo realizado por la entidad Òmnium Cultural
03 nov 2023 . Actualizado a las 04:29 h.Las cifras facilitadas el lunes por los socialistas sobre el número de personas que podrían beneficiarse de la ley de amnistía, 309 independentistas y 73 policías, no coinciden con las cantidades que maneja Junts. La formación de Carles Puigdemont carece de datos propios, aunque sitúa a los favorecidos por el perdón en más de 1.400. Toma como referencia los cómputos de Òmnium Cultural, que fija en 1.432 los mínimos que, según ellos, han de ser amnistiados. Así lo adelantó ayer Jordi Turull, secretario general de Junts, quien aludió a esa discrepancia con el PSOE diciendo: «No sé de dónde sacan esos números».
En cualquiera de los casos, el baile de cifras está servido porque habrá que esperar a que la ley entre en vigor y sea aplicada por los jueces. En ese sentido, Turull echó mano de la prudencia: «No diré la cifra exacta. No hemos ido con un listado de personas. El PSOE no era consciente de la dimensión del nivel de causas que hay en los juzgados de toda Cataluña», afirmó.
La entidad Òmnium es la única que facilita datos concretos. Especifica que en estos cinco últimos años hay «más de 4.400 personas represaliadas» y unas «1.500 beneficiarias de la amnistía». Además, cifra en 1.689 las «víctimas de la violencia policial», en 1.460 las investigadas penalmente, y en más de 220 las investigadas por vínculos en la organización y apoyo al referendo del 1-O.
El organismo que dirigió Jordi Cuixart detalla que la Fiscalía anunció la investigación de 712 alcaldes por vínculos con la Asociación de Municipios por la Independencia y su apoyo al referendo. La causa se concretó en 78 personas y poco a poco se fueron archivando casi todos los casos. Se ha extendido la imputación a concejales, como el caso de Jordi Pesarrodona (Sant Joan de Vilatorrada). Actualmente, 6 han llegado a juicio y otros tantos están a la espera de ser juzgados.
Asimismo, varios juzgados de lo penal han instruido diligencias contra funcionarios por su vinculación al 1-O. La cúpula de los Mossos fue juzgada y absuelta y se han archivado las imputaciones de desobediencia a agentes de los Mossos por su supuesta inactividad ese día. También algunos bomberos fueron procesados por su participación en el 1 y 2 de octubre, y quedan causas abiertas contra cinco. Se persiguió penalmente a los 5 miembros de la Sindicatura Electoral que debía velar por las garantías del referendo y sigue abierta la causa contra una cincuentena de altos cargos de la Generalitat.
También recuerda Òmnium causas penales a informáticos acusados de replicar webs censuradas del referendo, a tuiteros y a Roger Español, que perdió un ojo el 1-O y al que Fiscalía acusa de atentado contra la autoridad.
Tres expresidentes
Además de la veintena de políticos de primera fila liderados por Carles Puigdemont, su equipo y los independentistas de la Mesa del Parlamento, más de 70 personas fueron investigadas por «ejercer la libertad de expresión», entre ellas el expresidente Torra, condenado por negarse a descolgar lazos amarillos del palacio de la Generalitat. El tercer expresidente beneficiado por la ley es Artur Mas, artífice de la consulta del 9N del 2014. Òmnium establece en más de mil los investigados por movilizarse, en 50 los perseguidos por su vinculación a entidades independentistas, en más de 15 los indagados por la acción exterior de la Generalitat y en 1.200 los afectados por procesos administrativos y contables desde la suspensión de la autonomía el 27 de octubre del 2017.
En cualquier caso, Junts considera que ha obtenido un «triunfo» político, al haber conseguido que los socialistas registren una ley de amnistía antes de la votación de investidura. También porque a su juicio no han tenido que pedir perdón, ni se les ha reclamado que renuncien a la unilateralidad. Carles Puigdemont puso como condición inicial que la ley tenía que estar aprobada antes de la votación de investidura, pero Junts ya da por bueno que haya sido registrada para poder afirmar que ha cobrado por adelantado. «Cumplimos todas las expectativas» de la negociación, ha asegurado Turull. La palabra lawfare no aparece en el texto de la ley, pero sí en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, en cambio, los junteros mantienen que sí está contemplado, aunque la palabra concreta no aparezca en el borrador de la ley, porque no es un concepto jurídico penal, informa Colpisa.