PNV y Junts presionan a Sánchez y piden ya dos comisiones de investigación sobre el «lawfare» en Cataluña

Adolfo Lorente BILBAO/ COLPISA

ESPAÑA

La diputada y portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras.
La diputada y portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Los dos partidos registran una iniciativa conjunta para investigar la llamada operación Cataluña y los atentados del 17 de agosto del 2017

17 nov 2023 . Actualizado a las 19:25 h.

El mismo día en el que Pedro Sánchez ha prometido el cargo como presidente del Gobierno, dos de sus nuevos aliados en el Congreso, el PNV y Junts, han registrado de manera conjunta su petición de creación de dos comisiones de investigación: una en torno a la denominada operación Cataluña y la otra, sobre los atentados terroristas sufridos el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. En este segundo caso, reivindican su «derecho a saber la verdad».

Con este movimiento, ambos partidos lanzan un contundente mensaje a Sánchez —no le darán ni medio metro de margen para evitar que incumpla lo prometido— y ratifican que en esta legislatura, Junts y el PNV actuarán de la mano para actuar de contrapeso al bloque de izquierdas formado por Sumar, EH Bildu y Esquerra.

Si el PSOE no cambia de opinión y decide a las primeras de cambio incumplir lo pactado, dará su visto bueno a la puesta en marcha de dos investigaciones parlamentarias que buscan cuestionar las «actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del PP» en relación a las «presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial». Se trata, en definitiva, de intentar comprobar que existió lawfare (uso político de la justicia) desde los poderes del Estado para acabar con el movimiento independentista.

«De acuerdo con las informaciones publicadas, la llamada operación Cataluña pretendía, a base de elaborar pruebas falsas y filtrarlas a los medios de comunicación, desacreditar a líderes y/o organizaciones vinculadas al independentismo catalán ante la opinión pública. La estrategia consistía en propiciar investigaciones por parte de los poderes públicos de naturaleza prospectiva y sin el fundamento legal correspondiente», reza la iniciativa presentada.

¿Y qué piden? Más allá de investigar las llamadas «cloacas del Estado», proponen, por un lado, «plantear medidas de restitución y compensación para todas las personas afectadas por la investigaciones irregulares o ilegales»; y por el otro, «proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos y malos usos por parte de determinados poderes y servicios del Estado, en contra del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos».

El papel del CNI

Respecto a la comisión referida exclusivamente a los atentados del 17 de agosto, aseguran que «resulta imprescindible que pasados seis años se pueda dar respuesta a las preguntas que todavía no tienen respuesta, así como cumplir con el derecho a saber la verdad, de las víctimas, y de la población civil». Lo que el secesionismo busca, aunque no lo cita expresamente en el documento, es poner en tela de juicio el papel que el CNI tuvo en estos hechos después de las teorías conspirativas abonadas por los sectores más radicales y personajes como el excomisario José Manuel Villarejo.

«Los días 17 y 18 de agosto de 2017, Barcelona y Cambrils fueron el escenario del peor atentado que se ha producido en la historia reciente de Cataluña. La consecuencia más dramática fueron las 16 víctimas mortales y las más de 120 personas heridas, con la afectación a sus familias, la memoria de los cuales no solo debe mantenerse viva, sino que obliga a responder a todas las preguntas que a fecha de hoy todavía no tienen respuesta», reza el texto introductorio.

Lo que piden, además del «derecho a saber la verdad», es «aclarar cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas o de cualquier otra índole en los atentados de Barcelona y Cambrils» y, una vez determinadas, «proponer medidas de restitución o compensación para todas las personas afectadas así como para los familiares de las personas que fallecieron».