La Fiscalía respalda el juicio del Tribunal de Cuentas por el 1-O a la espera de la amnistía

La ley de amnistía es un acontecimiento futuro; aún no existe. Así argumentó ayer la Fiscalía su rechazo a que la medida de gracia frenase el juicio que finalmente se celebró este viernes en la sede madrileña del Tribunal de Cuentas para dirimir el delito de desvío de fondos para el referendo ilegal del 1-O y la promoción exterior del procés cometido presuntamente por 35 ex altos cargos de Cataluña, entre los que se encuentran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras.

Pese a que el pasado martes los encausados de ERC solicitaron la suspensión del procedimiento dado que es «altamente probable» que el perdón entre en vigor en unos meses y esta vista acarree «cargas procesales innecesarias», el órgano fiscalizador decidió celebrar el juicio. Aunque lo hizo con una advertencia inicial: más adelante se pronunciará sobre si suspende o no el proceso ante la proposición de la ley de amnistía.

Menos de dos horas duró la vista sobre este supuesto desfalco, cifrado en 3,1 millones de euros por la Fiscalía, y en 5,3 por Sociedad Civil Catalana, que ejerce de demandante. Su letrado, Juan Chapapría, defendió que la postura del tribunal, al no suspender la vista, demuestra que «sigue habiendo separación de poderes» y auguró que «si la justicia prevalece, habrá sentencia que condene a todos los condenados».

Durante el juicio declararon tres testigos: una interventora de la Administración del Estado en Cataluña, que dijo que «nunca llegó a controlar» los gastos del procés porque no era su competencia; un miembro del Diplocat —consorcio que proyectaba Cataluña en el exterior—; y un profesor universitario al que le encargaron un censo de tratados internacionales suscritos por España.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que no declaró porque el tribunal le denegó la comparecencia telemática, tachó la vista de «dislate». Y Francesc Homs, letrado de otros encausados, señaló que «a la gente le cuesta entender que se persista en algo que no va a fructificar».

20 días para dictar sentencia

Las dos acusaciones deben presentar sus conclusiones, y luego las defensas, las suyas. La consejera dispone de 20 días para dictar sentencia, que, en caso de ser condenatoria, puede ser recurrida ante los otros tres consejeros del Tribunal de Cuentas y ante el Supremo. Unos recursos que complicarán que haya una resolución firme antes de la entrada en vigor de la polémica ley de amnistía.

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