Canarias está «desbordada» con más de 4.500 menores migrantes no acompañados en 60 centros
ESPAÑA
Las oenegés ya «no pueden más», según el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo
03 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confesó ayer que en las islas siguen «desbordados» con la atención de 4.521 menores migrantes no acompañados en 60 centros y en un momento en que las oenegés les transmiten que «no pueden más». Tras reunirse con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que visitó este martes Tenerife para comprobar el estado de los campamentos de migrantes de Las Raíces y Las Canteras, el presidente canario apeló a no perder la «sensibilidad» con la gestión migratoria.
«No podemos deshumanizarlo todo», señaló, subrayando que es «hasta razonable» que la gente se quiera ir de su país «huyendo del hambre, de la muerte y de la miseria, buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos, y ese es un fenómeno que tiene que administrar la Unión Europea». Clavijo indicó que el año pasado se batió el «récord» en la llegada de migrantes con más de 40.000 personas y por ello les «preocupa» lo que vaya a ocurrir en el 2024.
El presidente puso como ejemplo de la presión que sufren las islas que Estados Unidos tiene bajo su tutela a 11.700 menores con 300 millones de habitantes mientras que Canarias, con 2,2 millones de habitantes, tiene 4.500 menores. «Por mucho, y aprovecho y le agradezco a las oenegés que están trabajando, que se desvivan y que trabajen, no le podemos garantizar un proyecto de vida a esos menores no acompañados. Y esa es la preocupación del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, es lo que necesitamos poder regular de manera adecuada para que al final el derecho del menor prevalezca», apuntó.
Reconoció que «no hay capacidad» para seguir albergando a menores y que a algunos no se les puede ni «escolarizar». Su Gobierno trabaja en la elaboración de textos legales para lograr que la distribución de menores migrantes sea obligatoria y no dependa de la «solidaridad» de las comunidades.