Sánchez rebaja el acuerdo con Junts y dice que expulsar migrantes compete al Estado

Junts lleva unos días jactándose de haber logrado que el Gobierno y el Parlamento catalanes «determinen una política propia» en inmigración que incluya, entre otras cosas, la fijación de los flujos de extranjeros y poder expulsar a los delincuentes multirreincidentes. Ahora el Ejecutivo lo restringe a una delegación de competencias —reversible, por tanto— acotada además por las reglas de la Unión Europea y su reciente pacto migratorio. En ese sentido se manifestó el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en El País, en la que deja claro que «la expulsión de los migrantes compete a la Administración General del Estado». Y añade que «el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea es bastante claro. Vamos hacia una política comunitaria».

El juego negociador del gato y el ratón que vienen protagonizando el PSOE y Junts desde la investidura de Pedro Sánchez no acabó el miércoles por la noche, cuando el Gobierno salvó por los pelos dos de los tres reales decretos ley que había sometido a convalidación parlamentaria. Ese juego extenuante, por el que el partido de Carles Puigdemont tira y el de Sánchez afloja, ha proseguido en los días posteriores con la traducción distinta que efectúan ambos interlocutores sobre lo acordado, sumido en las versiones disímiles que ya rodearon la ley de amnistía o las comisiones del lawfare.

Junts presume de haber arrancado al Gobierno «la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat», a través de una ley orgánica cobijada por el artículo 150.2 de la Constitución. 

El marco «común»

«No se puede romper el marco común derivado de la UE y de la Constitución», advierte Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, quien recuerda, al igual que su homóloga en la Autónoma de Barcelona Teresa Freixes, que existe una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con mención singular para la sentencia 31/2010 que recortó el Estatuto catalán, que delimita las competencias transferibles de las que no lo son. Y al margen de los interrogantes sobre las intenciones del Gobierno —«No sabemos qué se está planteando exactamente», evidencia el expresidente del Tribunal Superior vasco Juan Luis Ibarra, experto en contenciosos migratorios—, hay unanimidad entre los juristas interpelados: la atribución por el artículo 149.1.2º al Estado de la competencia exclusiva en «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo» hace «intransferibles» las decisiones en esta materia que reclama Junts.

Porque Cataluña ya dispone de competencias de gestión en este terreno tan sensible, pero esa cobertura constitucional no se extiende a que una autonomía pueda deportar a inmigrantes. «Para empezar, las expulsiones necesitan un proceso judicial, así que Junts no puede expulsar a nadie», resume Freixes, activista contra el procés.

«Es que no se expulsa de Cataluña, se expulsa de España, que es la que tiene las fronteras con la UE», apostilla Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la fundación Hay Derecho. Y si las garantías constitucionales son «comunes» a todo el territorio, describe Carmona, Ibarra descarta que Cataluña pueda adoptar decisiones al margen de la ley que regula en todo el país «los derechos y libertades de la extranjería»; incluidos los que asisten también a quienes delinquen.

Marlaska intenta aplacar el descontento policial por la cesión migratoria a la Generalitat 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto presidir este lunes el pleno del Consejo de la Policía Nacional con la asistencia de los sindicatos representativos del cuerpo, que siguen manteniendo sus críticas, pese a las llamadas tratando de tranquilizarlos, por el acuerdo con Junts para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña mediante una futura ley orgánica, informa Europa Press.

El pasado jueves, desde la Dirección General de la Policía llamaron a los sindicatos para tratar de calmar el malestar interno, limitando la transferencia migratoria a Cataluña a materias asistenciales que afectan al Ministerio de Migraciones, y no de seguridad de la que es competente el Ministerio del Interior. Los sindicatos policiales y también las asociaciones de la Guardia Civil acogieron con fuertes críticas el acuerdo del miércoles con Junts.

La mayoría de sindicatos policiales exigieron la mediación de Grande-Marlaska para frenar el «desguace del Estado». La crítica era unánime por la falta de información, ya que el anuncio se conoció por Junts, y calificaron de despropósito el «mercadeo» continuo del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas.

Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, las autonomías que más inmigrantes reciben 

Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las autonomías que recibieron más inmigrantes en el 2022, mientras que las comunidades con menor saldo migratorio con el exterior fueron La Rioja, Extremadura y Cantabria. Así lo señala la última Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia del 2022, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, recoge Efe.

El saldo migratorio exterior es la diferencia entre la población inmigrante que entra en un territorio y la que sale durante un período determinado. El número resultante es equivalente al incremento (en todas las comunidades el saldo es positivo) de la población inmigrante. Los saldos que se dieron en Cataluña (158.546), Comunidad de Madrid (135.620), y Comunidad Valenciana (113.402) son los más altos. Por el contrario, las que contabilizaron menor remanente con el exterior son La Rioja (3.735), Extremadura (5.469) y Cantabria (6.335).

Las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia alcanzaron los saldos migratorios más elevados, gracias a las entradas netas procedentes del exterior. Sin embargo, si ponemos este saldo migratorio en relación con la población total de cada municipio, ciudades como Alicante o Torrevieja, en la misma provincia, presentan los mayores incrementos en términos relativos.

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