La defensa de la familia acude al Tribunal de Derechos Humanos después de que el Constitucional rechazase su recurso de amparo
18 ene 2024 . Actualizado a las 13:27 h.La desaparición de Manuela y Virginia, conocidas como las niñas de Aguilar, llega a Estrasburgo (Francia) con la esperanza de mantener abierta la investigación y saber qué les ocurrió en abril de 1992, cuando fueron a Reinosa (Cantabria) a pasar la tarde y nunca regresaron a sus casas en Aguilar de Campoo (Palencia).
Este miércoles, el despacho Criminológico Jurídico Balfagón & Chippirrás, que representa a las familias de las niñas, presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la demanda por la desaparición de Virginia Guerrero Espejo y Manuela Torres Bougueffa el 24 de abril de 1992 en la localidad de Reinosa (Cantabria) cuando tenían 14 y 13 años.
La demanda tiene lugar tras la negativa del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de amparo presentado por las familias el 18 de octubre del 2022 y que fue resuelto, casi un año después, mediante providencia el 18 de septiembre del 2023, según ha informado a Efe el criminólogo y portavoz de las familias Ramón Chippirrás.
Con la presentación de esta demanda ante el Tribunal Europeo, se mantiene la esperanza de que se siga investigando lo que ocurrió con Virginia y Manuela una vez que se han agotado todas las vías judiciales en España exploradas por la representación legal de las familias para conocer el paradero de las dos jóvenes.
Lo último que se sabe de ellas es que fueron a pasar la tarde a Reinosa, que hicieron autoestop para volver a su casa en Aguilar de Campoo, que estuvieron en una discoteca y en un parque, y que se subieron a un Seat 127 color blanco o crema.
En mayo del 2021 se reabrieron las investigaciones a raíz del testimonio de una mujer en un programa de televisión y un año después el Juzgado de Cervera de Pisuerga acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones asegurando que «no constaba autor conocido en la perpetración de los hechos objeto de denuncia».
La Audiencia Provincial de Palencia confirmó después el auto judicial y la representación legal recurrió al Tribunal Constitucional para determinar si había habido una vulneración de derechos fundamentales en la sentencia que archivaba definitivamente la causa.
La representación legal defiende que se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva.
También señala que durante la investigación reabierta en el 2021 no se admitió ninguna de las diligencias planteadas por la representación de las familias y pone en evidencia «los errores» en que incurre la sentencia de la Audiencia Provincial.
Ejemplo de ello es la petición de que se volviera a inspeccionar la mina Fontoria (una mina de magnesita en Cantabria, donde se buscó en 1992 tras dos llamadas anónimas a la Guardia Civil) y la Cueva Cervatos (un lugar cerca de Reinosa idóneo para ocultar los cadáveres según la propia investigación) para buscar restos biológicos de las niñas, usando las técnicas y los recursos que hay ahora y que no existían cuando se hizo tras su desaparición hace 31 años.
Ahora recurren la no admisión del recurso ante el último tribunal que les queda, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, recordando que España está adherida al convenio de Naciones Unidas para buscar a personas desaparecidas e insistiendo en las lagunas legales que existen en las causas de personas desaparecidas y sobre todo cuando son menores.