El PSOE cede ante Junts e incluye en la amnistía actos terroristas con o sin sentencia

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Solo quedan fuera del perdón las violaciones graves de derechos humanos

23 ene 2024 . Actualizado a las 22:15 h.

El PSOE había asegurado que se trataba de una «línea roja», pero finalmente cedió ante las exigencias de Junts para que los delitos de terrorismo entren en la ley de amnistía, independientemente de que exista o no sentencia firme. Los socialistas pactaron con Junts y ERC en la Comisión de Justicia una enmienda que suprime la referencia a las sentencias firmes y solo exceptúa los actos de terrorismo «siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos».

De esta manera, los independentistas blindan a los encausados en los casos de Tsunami Democràtic y de los CDR, acusados de terrorismo, al igual que a Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, acusada del mismo delito y fugada de la Justicia española como el expresidente catalán.

Los cambios en el articulado de la ley fueron aprobados con el voto del PSOE, Junts, ERC, Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos. A la ley solo le queda ya el paso de ser aprobada en el pleno del Congreso, en el que los aliados de investidura cuentan también con mayoría absoluta. Aun así, ERC y Junts esperan poder introducir mejoras durante el debate en el pleno que debe aprobar definitivamente la ley.

Excepciones a la amnistía

El redactado de la ley en lo que afecta a los delitos de terrorismo indica que esos actos solo quedarán fuera de la amnistía cuando hayan causado violaciones graves de derechos humanos» en relación con los artículo 2 y 3 «del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

Esos artículos se refieren a quien haya privado intencionadamente de la vida a otra persona o los que someten a otra persona a tortura o «tratos inhumanos o degradantes». Aunque en el caso de Tsunami el juez García-Castellón incluye la muerte de un ciudadano francés durante la toma del aeropuerto de El Prat, esta no entraría dentro de la nueva calificación de «intención directa» de provocar la muerte y por tanto los miembros de Tsunami encausados se beneficiarían de la amnistía, al igual que los CDR.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, indicó que la «línea roja» que habían marcado era para los delitos con «violación grave de los derechos humanos» como ha sido finalmente. «Lo que hemos hecho es garantizar la seguridad jurídica. Nos adaptamos a los estándares europeos y mejoramos técnicamente la seguridad jurídica», explicó el ministro para justificar los cambios en la ley..

La otra modificación de la norma a la que ha accedido el PSOE es la que garantiza que las órdenes de detención, como la que pesa sobre Carles Puigdemont, o las eventuales prisiones preventivas decretadas por la Justicia sean obligatoriamente levantadas en el momento en el que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Lo que el PSOE ha pactado con Junts y ERC es blindar el levantamiento «de las medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas por las acciones u omisiones» comprendidas en la amnistía. El órgano judicial que corresponda «procederá a dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención». Un texto que blinda a Carles Puigdemont y al resto de huidos de la Justicia.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, acusó al Gobierno de estar dispuesto a amnistiar a terroristas «con tal de seguir en el poder». Carlos Flores (Vox) a consideró la norma una «regresión» y un ejemplo más del «golpe de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez». El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se declaró «muy satisfecho» con el acuerdo alcanzado con el PSOE.

 La UE encarga a sus comisiones de Justicia y Economía vigilar la ley de amnistía

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo encargará a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) y Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) que examinen la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con Junts y ERC para que evalúen si respeta las reglas de la Unión Europea y el Estado de derecho. Es el principal resultado del debate celebrado este martes en la Eurocámara en torno a ocho quejas ciudadanas registradas en el Parlamento europeo contrarias al proyecto de amnistiar a los responsables del desafío independentista en Cataluña porque ven en ello una amenaza para el Estado de derecho en España.

Eurodiputados del PP, Cs y Vox intervinieron para denunciar lo que consideran una ley diseñada «solo para beneficiar a unos pocos», que servirá para «tapar corruptelas» y «perpetuará las desigualdades», además de poner en riesgo valores fundamentales que arman el Estado de derecho.

Denuncia de manipulación

Desde el PSOE, ERC y BNG, las réplicas se centraron en afear que la «manipulación» y politización que, a su juicio, ponen en práctica desde la derecha y la extrema derecha para dañar al Gobierno.

Los eurodiputados también piden tanto a la Comisión Europea como a las autoridades españolas que informen sobre los avances del proceso, en su tramitación nacional y en su examen comunitario.

La Comisión Europea «se toma muy en serio» el examen de la ley de amnistía pero no concluirá su evaluación mientras su tramitación parlamentaria en España no haya culminado, dijo este martes el representante del Ejecutivo comunitario. «Para que podamos finalizar nuestra evaluación debemos basarnos en la ley ya aprobada, algo que no se da aún», afirmó el responsable del departamento sobre Estado de derecho y Derechos Fundamentales en la dirección general de Justicia, Julien Mousnier. Recordó que el propio comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dejado claro en varias intervenciones públicas que sus servicios siguen «con atención» la evolución de la ley, pero que no tomará posición mientras continúe el proceso parlamentario en España.