Una asociación de fiscales recurre ante el Supremo el nombramiento del fiscal del Estado en plena tormenta por la amnistía
ESPAÑA
La APIF sostiene que García Ortiz «se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno» y que «no es idóneo» para este puesto
09 feb 2024 . Actualizado a las 19:07 h.En pleno debate sobre el papel de la Fiscalía en torno a la ley de amnistía, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) presentó este viernes un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Los fiscales de esta asociación consideran que García Ortiz no es «idóneo», para el puesto, por lo que estiman que su nombramiento es contrario a la ley. «No es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España», asegura la APIF, que cuestiona su actuación desde que fue elegido para el cargo en el año 2022.
La asociación menciona como elementos que justifican la negativa a su renovación en el cargo la anulación por parte del Tribunal Supremo de los nombramientos de fiscales de Sala de García Ortiz por «desviación de poder», como en el caso de Dolores Delgado, su antecesora en el cargo y exministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.
Recuerdan también que, tras ser renovado en la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz decidió «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía.
Sostiene también la APIF que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio. Un requisito que, según la APIF «si bien podría haber concurrido» en García Ortiz, «decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento».
La asociación destaca que la Fiscalía es una institución esencial dentro del Poder Judicial, por lo que «no puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del Fiscal General del Estado, cúspide del Ministerio Público, que este queda dentro o en la órbita del Ejecutivo». La APIF estima por tanto, al igual que hizo una mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que García Ortiz no es idóneo para el cargo.
Consideran además que García Ortiz «se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias». «No tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno», concluyen.
Feijoo asegura que el fiscal general debería estar «inhabilitado»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este viernes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendría que haber quedado «inhabilitado» para este cargo tras haber sido «apercibido» por el Tribunal Supremo por desviación de poder en su propuesta para promover a la exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala. A su entender, este hecho debería haber conllevado «automáticamente» su cese o la presentación de su «dimisión irrevocable».
En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijoo ha criticado que tengan al frente de la Fiscalía General del Estado a una persona que ha «sido apercibida por el Tribunal Supremo por abuso de poder en el nombramiento de su antecesora, la anterior fiscal general del Estado y ministra de Justicia», algo por lo que, a su juicio, «debería de quedar inhabilitado para el puesto».
Feijoo ha censurado que en España ya están «acostumbrándose» a este tipo de cosas que, según ha dicho, antes llevaba a que «un ministro tuviera que dimitir». Así, ha dicho que un fiscal declarado no idóneo «por desviación de Poder por el Tribunal Supremo» en un país como España debería llevar «automáticamente el cese». «Es más, no el cese, sino presentar la dimisión irrevocable y ya está», ha afirmado.
Además, Feijoo ha indicado que el fiscal general del Estado «participó en reuniones de la concepción del programa del Partido Socialista en Galicia». «No lo digo yo, era presidente de la Xunta, era candidato y yo lo he visto y hay fotografías que así lo acreditan», ha apostillado.
Al ser preguntado si cree que otras asociaciones de fiscales podrán adherirse a ese recurso por la renovación de García Ortiz, Feijoo no ha contestado a esta cuestión y ha afirmado que «los fiscales han sido desautorizados» y «humillados», después de que la mayoría de la junta de fiscales del TS hayan impuesto su criterio y aboguen por investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso «Tsunami Democràtic».
«Porque esa votación 12-3 es de una contundencia que cualquier persona que se dedique a esto debería decir 'oye, vamos a dejar esto como está y que los fiscales hagan su trabajo', porque el fiscal lo que hace es su trabajo», ha enfatizado.
El presidente de los populares ha recalcado que la mayoría de los fiscales del Supremo «está a favor de proseguir con esa investigación» por terrorismo a Puigdemont pero «los fiscales han sido desautorizados». Feijoo ha denunciado la «intervención» de la Fiscalía por parte del Gobierno. «Y además de todo esto pues hemos visto como, lo decía un fiscal, como se ha intervenido la Fiscalía del Supremo, un 155 del Gobierno», ha exclamado.