Amnistía Internacional reprende a España por no haber investigado en profundidad la tragedia de Melilla

Amnistía Internacional reprende a España en su último informe sobre La situación de los derechos humanos en el mundo por no investigar eficazmente la masacre registrada en la valla de Melilla en el 2022, el drama vivido en las residencias de mayores en la pandemia y el uso del programa espía Pegasus.

El capítulo relativo a España del informe recoge avances, como la eliminación de barreras en el acceso al aborto, la regulación de la autodeterminación de género o la ley de vivienda, pero advierte de problemas persistentes, como los desahucios de personas vulnerables, la violencia machista o el uso «indebido» de la denominada ley mordaza.

La principal preocupación para la oenegé es la impunidad de algunas violaciones de derechos humanos, que «no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad»

«En el 2023 hemos visto profundizarse un problema endémico en España: la falta de rendición de cuentas del Estado por violaciones de derechos humanos», ha afirmado en un vídeo remitido a los medios el director de AI España, Esteban Beltrán.

De Melilla a Pegasus

El informe denuncia que continúa «la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras» y que sigan sin respuesta «las muertes, torturas y expulsiones ilegales de Melilla a Marruecos» ocurridas en junio del 2022, cuando murieron al menos 23 inmigrantes al intentar saltar la valla. Critica asimismo la falta de un procedimiento ágil y efectivo de asilo y que menores no acompañados llegados a Canarias sean detenidos junto a adultos y no reciban suficiente protección.

Al abordar el derecho a la privacidad, destaca la falta de avances en las investigaciones judiciales abiertas por el uso de Pegasus para espiar a periodistas, políticos y miembros e la sociedad civil catalana y el archivo de la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre el uso de ese programa contra el presidente del Gobierno y los ministros de Interior y Defensa, ante la falta de cooperación de las autoridades israelíes. La causa fue reabierta precisamente este martes al recibir el juez nuevos datos desde Francia.

Ley mordaza y ley de amnistía

Dedica un apartado al uso excesivo de la fuerza y advierte de que siguen los motivos de preocupación por el recurso a pelotas de goma y pistolas Taser por parte de distintas fuerzas policiales. El informe denuncia que se usa «indebidamente» la ley de seguridad ciudadana para limitar en exceso la libertad de expresión de manifestantes y periodistas, y critica que no se abrieran investigaciones tras publicarse que agentes de policía se habían infiltrado en movimientos sociales empleando relaciones íntimas como tapadera.

En otro epígrafe titulado «impunidad» reseña procesos abiertos (y cerrados) por denuncias de torturas durante el franquismo y hace una escueta referencia al proyecto de ley de amnistía, para mostrar su preocupación porque pueda amnistiarse el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o se proteja de forma insuficiente a las víctimas de delitos. Aunque el Gobierno anunció que la concesión de nuevas licencias de exportación de armamento y material militar a Israel quedó suspendida desde octubre, AI lamenta transferencias «irresponsables» en el primer semestre, por valor de más de 44 millones de euros.

Para la oenegé leyes como la de Secretos Oficiales de 1968, vestigio del pasado franquista, siguen impidiendo la investigación y el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y deberían ser reformadas.

Avances en riesgo en comunidades autónomas

El informe recoge a las 58 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas el año pasado y a las dos niñas víctimas de la violencia vicaria, cifra que se eleva ya a siete este año.

Entre los avances, AI destaca la lucha contra la violencia sexual, la reforma el aborto para que menores e 16 y 17 años puedan recurrir a él sin consentimiento paterno o la ley trans, pero advierte también del riesgo de que haya comunidades autónomas que los torpedeen, como el caso legislación «regresiva» aprobada por la Asamblea madrileña sobre la autodeterminación de género y el cambio de sexo. «Estos logros están empañados por un riesgo real de que estos avances se conviertan en papel mojado si no se toman medidas concretas para su implementación efectiva», afirma la oenegé, que alerta de que la desigualdad en la implementación de estas leyes, y otras como la Ley de Memoria Democrática, en las comunidades autónomas genera brechas en la protección de los derechos humanos.

El derecho a la vivienda, la salud y el Medioambiente

Sobre el derecho a la vivienda, valora la ley aprobada en España, pero lamenta que no incluyera sanciones para garantizar el control de los precios del alquiler, que no prohíba los desalojos de personas en riesgo de sinhogarismo ni fije objetivos anuales para aumentar el parque de viviendas sociales.

Según el informe, de enero a septiembre se llevaron a cabo 19.332 desalojos que afectaron a miles de personas que no reunían los restrictivos criterios para beneficiarse de la suspensión de la medida.

La oenegé recuerda también que 4.500 personas, 1.800 de ellas menores, seguían viviendo en la Cañada Real de Madrid sin electricidad. En el apartado dedicado al derecho a la salud, denuncia los recortes sufridos en la atención primaria en ocho comunidades, según informes publicados en el 2023, a pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa y lamenta que sigan sin investigarse las muertes y otras violaciones de derechos cometidas en residencias de mayores durante la pandemia. Y ante las grandes olas de calor y los incendios que azotan a España, apuesta por medidas más ambiciosas y efectivas para luchar contra el cambio climático.

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