El Senado aprueba el veto a la amnistía, pero retira el conflicto de competencias

Atlas TV

Como habían planificado, los populares agotaron el plazo máximo de dos meses para tramitar la proposición de ley de amnistía en el Senado. Valiéndose de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el partido de Feijoo aprobó ayer un veto a la medida de gracia que no impedirá que esta sea ratificada en el Congreso previsiblemente el 30 de mayo, y anunció que dará marcha atrás y no elevará al Tribunal Constitucional el conflicto de atribuciones entre ambas Cámaras, una iniciativa sin precedentes, debido al «poco margen temporal», adujeron desde Génova.

Este veto simbólico, que no tendrá ningún recorrido práctico, salió adelante con 149 votos a favor del PP, Vox, UPN y AHI; y con 113 en contra de los socialistas, ERC, Junts, Bildu, BNG, Geroa Bai, Más Madrid, Compromís y otras pequeñas formaciones de la izquierda confederal. Los primeros tacharon el perdón de inconstitucional y de pago de Pedro Sánchez a sus socios secesionistas, y los segundos lo defendieron como una apuesta por la convivencia y por afrontar los conflictos políticos con medidas políticas.

Javier Lambán se niega a votar

Significativa fue la ausencia en el hemiciclo del secretario general del PSOE de Aragón y senador por designación autonómica, Javier Lambán, que evitó así votar porque «incurriría en una insoportable deslealtad conmigo mismo, porque entraría en contradicción flagrante con mis convicciones éticas y políticas».

Tenso, bronco y sembrado de acusaciones desmedidas, el Pleno para debatir el dictamen que incluía este veto empezó a mediodía. Se encargaron de su defensa los populares Pío García Escudero y la portavoz Alicia García, que opinó que la medida de gracia es «un inmenso fraude democrático y un pago más de la deuda» a los separatistas, y lanzó una pregunta irónica a la bancada de enfrente: «¿Para cuándo el referendo de autodeterminación? Señorías socialistas, su dependencia del independentismo es cada vez mayor. Hoy es más grande que hace dos días porque el sillón de su jefe depende de Puigdemont y ERC».

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M. L. Paz

Más lejos fue la representante de Vox, Paloma Gómez, que apuntó que la amnistía «garantiza una absoluta impunidad a todos los delincuentes», y acusó al presidente del Gobierno de actuar cual «dictador» y con el «premeditado propósito de infringir la Constitución». La formación de Abascal había presentado su propio veto, pero no fue votado en el Pleno porque el PP lo rechazó en la fase de comisión. María Caballero, de UPN, insistió en que el perdón requiere de una reforma de la carta marga y advirtió a los socialistas de que les «pasará factura tarde o temprano».

Al otro lado del hemiciclo, Toni Magdaleno, del PSOE, aseguró que la estrategia de polarización de los populares no consiguió «ocultar el elefante en la habitación», que, en su opinión, fue la mayor crisis de convivencia en Cataluña. «Cuando ustedes gobernaban: dos referendos ilegales, dos leyes de desconexión y una declaración de independencia inconstitucional [...]. No hicieron nada cuando tuvieron la oportunidad», dijo hacia los escaños conservadores, antes de reivindicar que el triunfo de Salvador Illa en los comicios autonómicos del 12 de mayo demuestra que «España no se rompe, que Cataluña no se va».

Republicanos y posconvergentes avisaron a los socialistas de que el perdón no pone fin a sus reivindicaciones. «Hay que reparar los efectos de la represión política. Hemos logrado la amnistía, y vamos a por el referendo de autodeterminación», sostuvo la portavoz de ERC, Sara Bailac, quien acusó al PP de intentar retrasar la tramitación de la ley. «Hoy aquí ustedes no pueden dilatar más el trámite de una ley que se aprobará pese a su veto infructuoso», añadió. Del mismo modo, Uxue Barkos, de Geroa Bai, les afeó que hayan «exprimido hasta el límite» el trámite y les recordó que los expertos que llamaron los populares a la Comisión reconocieron que la proposición es «constitucionalmente admisible».

El senador de Junts Josep Lluís Cleries consideró que la norma es «plenamente ajustada al derecho internacional y está preparada para el recorrido y encaje europeo». Desde el PNV, Igotz López, remarcó que la amnistía «legisla, no juzga» y que en España se han indultado asesinatos, violaciones y parricidios, mientras «en Cataluña no han matado a nadie ni han robado a nadie».

Recursos al TJUE y el Supremo

Como anunció este martes, el PP registró una propuesta para suspender y dejar sin efecto el conflicto de atribuciones que planteó hace más de un mes al Congreso tras descartar elevar esta cuestión ante el Constitucional, una medida que Génova justificó por la «falta de margen temporal» y que será aprobada en el Pleno extraordinario del Senado convocado para este jueves. Es cierto que el plazo para recurrir expiraba el 16 de mayo, pero el partido temía que este alto tribunal de mayoría progresista se pronunciase de forma favorable a la norma si acudían a él en su fase de tramitación. Y aunque afirma que presentará el recurso una vez sea aprobada, confía en que sean el Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los que finalmente logren paralizar la aplicación de la futura ley de amnistía al procés.

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