El TSJM cita a la fiscala superior de Madrid por el caso de la pareja de Díaz Ayuso
ESPAÑA
El juez Goyena trata de aclarar quién ordenó distribuir la información fiscal sobre el novio de la presidenta madrileña
07 jun 2024 . Actualizado a las 21:41 h.La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado a declarar para el día 13 como testigo a la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, en el sumario que investiga la supuesta revelación de secretos por la Fiscalía del expediente por fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El instructor Francisco José Goyena trata de aclarar quién ordenó distribuir una nota desde la Fiscalía de Madrid, que no contaba con el membrete ni el formato habitual de las informaciones que llegan a los medios, y en la que se desvelaban pormenores, entonces secretos, de las negociaciones que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, había mantenido con la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad sobre las acusaciones de haber cometido dos fraudes a Hacienda. Lo inusual de esa nota sin membrete de prensa hizo que Goyena cite como testigo al jefe de comunicación de la Fiscalía de Madrid.
Apuntando a García Ortiz
Estas dos citaciones, según las fuentes consultadas, son la antesala a que el TSJ de Madrid apunte al fiscal general del Estado como la persona que dio la orden de airear datos confidenciales del novio de Ayuso a través de la Fiscalía de Madrid. De llegar este momento, el caso pasaría al Supremo, ya que Álvaro García Ortiz es aforado.
Aunque por el momento, esta causa se dirige contra Julián Salto (el fiscal que presentó la querella que acusa de fraude fiscal y falsificación al novio de Ayuso) y contra su jefa provincial, Pilar Rodríguez, como supuesta responsable de la difusión de datos de los correos que el empresario intercambió con la Fiscalía, la imputación del máximo responsable del ministerio público por revelación de secretos no es ninguna hipótesis descabellada. Y es que Álvaro García Ortiz el pasado 15 de abril asumió la «última responsabilidad» de ese controvertido comunicado, en base a que el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos dispuso en el 2013 la posibilidad de responder ante un «ataque injusto» a través de los medios o por la «difusión de informaciones falsas sobre personas o hechos relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal».