La legislatura encalla a la espera de que el Supremo decida sobe la amnistía
23 jun 2024 . Actualizado a las 21:55 h.Las cuartas autonómicas en Cataluña en una década no van a derivar este miércoles, primera fecha obligada para convocar la sesión de investidura. Mes y medio después de que el PSC lograra una victoria histórica sobre el nacionalismo al dejarle sin la mayoría absoluta que sumaba desde 1984, pero insuficiente para amarrar por sí solo el Gobierno catalán, la situación política ha vuelto a encallar y su incertidumbre de alto voltaje amenaza la continuidad de la legislatura española.
Los focos apuntan al intento de Pedro Sánchez de ganarse a Esquerra con un, por ahora, evanescente compromiso para un pacto sobre financiación que reconozca el carácter «singular» de Cataluña; y a la presión sobre los republicanos —la que ejerce Junts— para forzar una repetición electoral con una lista única del secesionismo. Pero el elefante en la habitación es la ejecución de la amnistía que pende del Supremo. Aunque no es la primera vez que el Parlamento catalán resuelve in extremis, el imprevisto tras el 12 de mayo ha sido que tanto Salvador Illa como Carles Puigdemont hayan renunciado a ser investidos en el primer intento fijado forzosamente este miércoles 26 de junio.
Habrá pleno pero no votación para la presidencia de la Generalitat. Una resolución firmada por el presidente del legislativo, el dirigente de Junts Josep Rull, hará las veces de investidura fallida y pondrá en marcha una cuenta atrás que tiene otro hito en el horizonte, el lunes 26 de agosto, como límite para designar al jefe del Ejecutivo autonómico.
Decisión de los jueces
Con el Parlamento catalán cerrado la primera quincena de ese mes y los escollos existentes para forjar un acuerdo que derive en una mayoría consistente —en el caso de Illa, con ERC y los comunes—, el sentir general es que los plazos se apurarán. Para entonces, la ley de amnistía ya debería estar encarrilada. Pero con los jueces ha topado la norma.
«Son más retorcidos que un tornillo», define, entre indignado y inquieto, un cargo de Esquerra al ser preguntado por las expectativas del independentismo ante la decisión que ha de tomar ya el instructor del Supremo. El 11 de junio, el día en que la ley que borra las causas vinculadas al procés entró en vigor en el BOE, Llarena dejó constancia de que la orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont por malversación agravada y desobediencia sigue vigente y dio cinco días a las partes para que fijaran posición sobre esas medidas cautelares que, según la ley de amnistía, habrían de levantarse ya. El magistrado, cuya resolución podría consumarse en torno al pleno del Parlamento catalán, ya tiene sobre la mesa los informes: la defensa de Puigdemont, la Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido que se exonere al expresidente catalán, que se ha cuidado de cumplir su promesa de que cruzaría la frontera para asistir a la investidura. El independentismo, y con él el Gobierno, contiene el aliento sin querer dar por frustrada ya la exculpación de Puigdemont.