Amnistiados 46 policías nacionales, cinco de ellos gallegos, por las cargas del 1-O en Barcelona
ESPAÑA
El magistrado sostiene que las actuaciones investigadas «fueron de escasa duración individual y enmarcadas en un objetivo policial definido»
02 jul 2024 . Actualizado a las 21:02 h.La ley de amnistía no beneficia solo a los líderes y activistas del proceso independentista catalán encausados por los jueces. También afecta a los policías imputados por las cargas en los colegios electorales del 1-O, que pueden ver ahora extinguidas sus responsabilidades penales, casi siete años después. Es el caso de los 46 agentes, cinco de ellos gallegos, del Cuerpo Nacional de Policía investigados por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que decretó este martes el sobreseimiento libre contra los agentes investigados por un delito de lesiones por cargar de forma desproporcionada contra los votantes. Según su titular, Francisco Miralles, «la amnistía debe ser aplicada a los investigados, ya que las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual».
El juez argumenta en su auto que estas actuaciones están «enmarcadas en un objetivo policial definido» y que los hechos «no fueron lo suficientemente graves» como para excluirlos de la aplicación de esta medida de gracia, que no ampara delitos de lesiones penados con más de cinco años de prisión, ni tampoco delitos de torturas o trato degradante. Miralles considera que ninguno de los agentes lesionó de gravedad a quienes acudieron a los colegios electorales para participar en el referendo ilegal del 1-O, aunque deja la puerta abierta a que las víctimas de las cargas puedan reclamar eventuales indemnizaciones por la vía civil.
Recursos
Las acusaciones populares ejercidas por Irídia, Òmnium Cultural y la ANC habían pedido al juez que las cargas no quedaran amparadas por la amnistía. Las tres entidades, que han anunciado que recurrirán la medida de gracia, denunciaron este martes que la «brutalidad policial contra la sociedad civil no puede quedar impune». En la misma línea, Esquerra Republicana mostró su «disconformidad e indignación», al entender que las actuaciones policiales más graves tendrían que quedar excluidas de la ley de perdón. Según los republicanos, son «tratos degradantes que encajan plenamente en los delitos contra la integridad moral y torturas, que quedan explícitamente excluidos de la ley».
Por su parte, el sindicato policial Jupol, que representa a la mayoría de los agentes, recuerda que ya se había pronunciado en contra de la amnistía, puesto que suponía, en su opinión, «igualar a los policías nacionales con los promotores de un intento de golpe de Estado en Cataluña». No obstante, los sindicatos policiales entienden que se pone fin a un «calvario» y representa «un acto de justicia para quienes defendieron la Constitución y el mandato judicial».