El juez que investiga la trama rusa rechaza amnistiar a Puigdemont y envía el caso al Supremo
ESPAÑA
El magistrado Joaquín Aguirre pide al alto tribunal que les investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal
09 jul 2024 . Actualizado a las 16:06 h.El juez Joaquín Aguirre, encargado de las investigaciones sobre los presuntos vínculos entre el movimiento independentista catalán y Rusia, ha negado la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y otros 12 acusados. Argumenta que los delitos investigados son de alta gravedad, incluyendo traición, malversación de fondos públicos y pertenencia a organización criminal. Debido a la condición de aforados de algunos implicados, el juez ha trasladado la causa al Tribunal Supremo.
La decisión de Aguirre sobre el caso Volhov llega poco después de que la Audiencia Nacional invalidara las diligencias del juez Manuel García-Castellón en el caso Tsunami Democràtic. A pesar de esta anulación, la llamada «trama rusa» sigue siendo un obstáculo significativo para que Puigdemont pueda acogerse a la amnistía y regresar a España sin enfrentar los cargos que se le imputan.
El juez Aguirre ha remitido al Supremo una exposición razonada, en la que señala a Puigdemont y a Francesc Dalmases, ambos diputados en el Parlament, como responsables de delitos graves. El Supremo deberá decidir sobre la imputación y las posibles medidas cautelares.
Implicados prominentes
Entre los investigados se encuentran figuras prominentes del independentismo, como el expresidente Artur Mas, el exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència, Víctor Terradella y la exdirectora general de Coordinación Interdepartamental, Elsa Artadi. También se incluyen Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, jefe de gabinete y abogado de Puigdemont, respectivamente.
Aguirre sostiene que estos individuos, bajo la dirección de Mas y posteriormente de Puigdemont, habrían mantenido contactos con intermediarios rusos que proponían apoyo militar y financiero para la causa independentista. El juez alega que hay indicios de malversación de fondos públicos para financiar actividades del procés.
La imputación por pertenencia a organización criminal se basa en el artículo 570 del Código Penal, que define dicha organización como un grupo de personas que actúan de manera concertada y coordinada para cometer delitos. Aguirre considera que los investigados formaban una estructura estable y jerárquica, incrementando su capacidad operativa y eficacia.