La ley mordaza cumple 9 años pese a que en el 2018 Sánchez prometió derogarla

«La ley mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista». Eran las 9.30 horas del pasado martes. El tajante anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno a su llegada al Consejo de Empleo y Política Social en Bruselas estalló en todas las webs e informativos. Pero no era cierto, tal y como que se encargaron de desmontar sus compañeros de partido y desde el Gobierno. La realidad no tenía nada que ver con lo que contó Yolanda Díaz. Sumar y el PSOE no solo no se habían sentado a negociar la derogación de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, es que ni tan siquiera se habían citado para encarar una reforma de este controvertida normativa.

Lo cierto es que ocho meses después del inicio de la legislatura no ha habido un solo movimiento para encarar una reforma de esta norma. Y ello, a pesar de que Pedro Sánchez lleva anunciando desde su investidura tras la moción de censura del 2018 que va a acabar con esta ley que nació fruto de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que el pasado día 2 de julio cumplió nueve años en vigor entre las chanzas de los más veteranos del Congreso que recuerdan que «este muerto está muy vivo».

Imágenes de policías

Los socialistas y sus socios de Sumar simplemente se habían limitado a pactar reformar un único precepto de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y solo en el marco del plan de regeneración democrática que Sánchez iba a anunciar el día después: el retoque del artículo 36 para que no constituya una infracción la toma de imágenes de policías en lugares públicos y manifestaciones, o su mera difusión.

¿Por qué esas reticencias de PSOE y Sumar a cambios de envergadura en la ley? Ambas formaciones son sabedoras de que una modificación de calado es un asunto controvertido, hasta el punto de que la pasada legislatura una reforma bastante acotada naufragó en marzo del 2023 por la negativa de ERC y EH Bildu de apoyar lo que calificaron de «simples retoques cosméticos».

El falso anuncio de Díaz ha resucitado el recuerdo de la promesa de «derogación» de Sánchez y ha reabierto el debate sobre la reforma, pero nada más. Según admiten las fuentes parlamentarias consultadas, tanto de las formaciones de Gobierno como de las que apoyaron la investidura, no ha habido un «solo contacto formal o informal» para empezar a redactar modificaciones. Es más, ni siquiera hay un borrador de trabajo, como el que en noviembre del 2021 PSOE y Podemos presentaron como base para una reforma que estuvo cerca de salir adelante, pero que se frustró por la exigencia de los independentistas vascos y catalanes de que el nuevo texto contemplara la prohibición del uso de pelotas de goma en las manifestaciones y de las expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla. Entonces, los seis partidos favorables a la reforma en la pasada legislatura —PSOE, UP, PNV, ERC, EH Bildu y Junts— llegaron a acuerdos en otros 36 preceptos. Incluso hubo pacto en dos puntos que crearon controversia hasta el último minuto: las sanciones por falta de respeto a los agentes y por «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes».

Hoy la situación es igual de complicada. O más. ERC y EH Bildu siguen pie en pared con su veto a las bolas de caucho y a las deportaciones exprés, pero es que en esta legislatura, además, la reforma necesita sí o sí los votos a favor de la siempre inestable Junts.

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