El Consello Consultivo de Galicia ve en la norma un «sacrificio desproporcionado»
ESPAÑA
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció el lunes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. El texto está avalado por un informe de 78 páginas del Consello Consultivo de Galicia que concluye que hay fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso. El dictamen fue aprobado con un voto discrepante, emitido por el consejero Alberto Souto Souto.
Entre esos fundamentos jurídicos se señala que «existen argumentos para considerar que a amnistía non ten amparo constitucional como atribución das Cortes Xerais», ya que contravendría «varios mandatos constitucionais» a los que está sometido el legislador, según el artículo 9.1 de la carta magna, que dice que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».
El informe dice además que el otorgamiento de la amnistía por ley orgánica vulneraría el principio de igualdad ante la ley que recoge el artículo 14, y el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3.
También concluye que hay una «vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva das vítimas dos delitos amnistiados», porque esas personas quedarán privadas del ejercicio de la acción penal.
El informe señala además que se vulneran los principios de separación de poderes y de exclusividad jurisdiccional. Entre otros motivos porque la ley no pretende aplicar una determinada política criminal, sino que está orientada «en exclusiva a excepcionar» la aplicación del diseño legal vigente a casos concretos, lo que impide la acción judicial.
También considera que hay una vulneración del artículo 136.2 de la Constitución, que indica que las cuentas del Estado y el sector público se rendirán al Tribunal de Cuentas, ya que se amnistían los hechos que debería fiscalizar esa institución.
Añade asimismo el incumplimiento del canon de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación de las leyes. En conjunto, el informe señala que, aunque estuviese justificada por su exposición de motivos, la ley «impón un sacrificio desproporcionado de bens, valores e principios».