El Constitucional se adentra en la batalla por la legalidad de la ley de amnistía

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en una imagen de archivo.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en una imagen de archivo. J.J. Guillén | EFE

La deliberación será más compleja que la que se hizo sobre el Estatut en el 2006

16 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

El momento del control de la legalidad de la amnistía ante el Tribunal Constitucional ha llegado. La corte de garantías ha emprendido esta última semana los trámites para resolver la avalancha de recursos contra la norma.

El trabajo al que se enfrenta el tribunal a partir de ahora es de una envergadura notable. En total y hasta el momento, tiene ante sí 20 apelaciones diferentes sobre las que deberán estudiar, debatir y pronunciarse los vocales.

Por una parte, hay registradas ya cuatro cuestiones de inconstitucionalidad: la primera, la elevada por el Supremo, que ya ha sido admitida a trámite; y otras tres cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Cada una de ellas cuenta con un ponente diferente y su cifra puede seguir subiendo, porque los tribunales no tienen un plazo fijo para apelar.

Por otra, se han presentado 16 recursos de inconstitucionalidad: uno promovido por el PP, a través de sus diputados y senadores; 14 planteados por los gobiernos y parlamentos de comunidades autónomas en manos de los populares; y la objeción elevada igualmente por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha que lidera el socialista Emiliano García-Page.

El TC no resolverá hasta el 2025 estas apelaciones. Pero la cascada de iniciativas que dudan de la legalidad de la norma pactada por Pedro Sánchez con Junts y ERC para atar su investidura sitúan ya a la institución que preside Cándido Conde-Pumpido ante un dilema de similar trascendencia al que la desangró por el Estatut. Incluso, de mayor complejidad jurídica, según admiten en la propia corte de garantías.

En la también agria polémica a cuenta de la reforma estatutaria catalana, el PP recurrió el texto en agosto del 2006, lo que significa que el Constitucional lleva casi dos décadas marcado, como el contexto político español, por la denominada cuestión catalana. La sentencia que recortó en el 2010 los artículos de la ley de autogobierno llamados a reforzar el carácter nacional de Cataluña sigue siendo esgrimida por los independentistas como el detonante de la pulsión rupturista que se desató en los años posteriores.

La incógnita de los bloques

Lo que parece claro es que la unanimidad constituye una quimera en lo que se refiere a la amnistía. Las trincheras, admiten en la corte, están mucho más marcadas que entonces. No obstante, nadie asegura que el voto en este debate tan profundo se vaya a dividir milimétricamente entre los dos frentes clásicos, tal y como ha venido sucediendo en los casos recientes de mayor calado político como los ERE o los estados de alarma decretados por Sánchez durante la pandemia.

En principio, la primera de las apelaciones que se resuelva debería marcar la pauta sobre el resto. Pero nadie se atreve a hacer vaticinios. Sobre todo, porque el juego de recusaciones no está resuelto después de que el pleno aceptara la abstención voluntaria de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de Pedro Sánchez entre el 2020 y el 2021. Su salida deja la correlación de fuerzas en seis a cinco todavía, sobre el papel, a favor del bloque progresista, pero el PP ha pedido que sean apartados del debate y la votación el presidente Conde-Pumpido, que fue nombrado fiscal general por José Luis Rodríguez Zapatero; y Laura Díez, ex alto cargo en la Moncloa con Sánchez.