El socialista Page, sobre el pacto con Bildu: «Si se quitaran ellos la mordaza y pidieran perdón sería suficiente»

La Voz

ESPAÑA

Emiliano García-Page en una imagen de archivo.
Emiliano García-Page en una imagen de archivo. JCCM | EUROPAPRESS

El PP ironiza con que el «condenado» Otegi sea quien decida la Ley de Seguridad Ciudadana

03 oct 2024 . Actualizado a las 20:17 h.

Uno de los primeros en reaccionar al pacto entre Gobierno y Bildu para reformar la ley mordaza aprobada en tiempos de Mariano Rajoy ha sido Emiliano García-Page, presidente de Castilla y La Mancha, quien ha cargado contra la izquierda aberzale al asegurar que lo que tendría que hacer es «quitarse la mordaza y pedir perdón» a todas las víctimas de la banda terrorista ETA.

«Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran pedir de una vez perdón y reconocer el dolor de las víctimas sería suficiente. Está bien llegar a un acuerdo con una formación que se dedicó a poner la mordaza al pueblo vasco durante muchos años», ha afirmado el dirigente socialista -crítico con Pedro Sánchez y los pactos alcanzados con nacionalistas e independentistas los últimos años-.

El Partido Popular también ha reaccionado al anuncio del pacto. La secretario general de los populares, Cuca Gamarra, ha lanzado de forma inmediata un tuit en X ironizando con el hecho de que «el condenado Otegi vaya a ser la persona que decida los términos de la ley de seguridad ciudadana».

Aunque no solo se ha pronunciado Gamarra. El vicesecretario de política autonómica de los populares, Elías Bendodo, ha respondido al acuerdo entre Moncloa y la izquierda aberzale asegurando que esto se reduce a «presos por presupuestos». «Es una ofensa al conjunto de los españoles», ha afirmado el dirigente andaluz del PP desde el Congreso de los Diputados.

Bendodo también ha hecho referencia al hecho de que ayer se anunciase el tercer grado por parte del Ejecutivo vasco -formado por PNV y PSOE- para el etarra Iragui Gurruchaga, que asesinó en el año 2000 al concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena, al fiscal Luis Portero y al médico militar Antonio Muñoz Cariñanos.

Indignación en sindicatos y asociaciones: «Es la ley del odio a la Policía y la Guardia Civil»

melchor saiz-pardo

Pocas veces se había visto tanta unanimidad entre los sindicatos y asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado como el rechazo que concitó este jueves el anuncio del acuerdo entre el EH Bildu y el Partido Socialistas para reformar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del 2015. La indignación entre los colectivos profesionales fue tanto por el contenido de la reforma, que los agentes creen que «deja atados de manos» a los funcionarios al quitarles autoridad, como por el hecho de que el acuerdo haya sido alcanzado con la formación que lidera Arnaldo Otegi.

«Es la ley de odio a la policía y a la guardia civil», en palabras de Gus Leal, el portavoz de Jucil, el mayor colectivo profesional de la Guardia Civil. «Es además especialmente doloroso que una ley que afecta a las fuerzas de seguridad se pacte con un terrorista condenado como Otegi», lamentó Leal, al tiempo que denunció que ni el Gobierno, el PSOE ni el Ministerio del Interior han hecho la «más mínima consulta» a los «profesionales de las fuerzas de seguridad».

«Es verdad que los perjudicados en primera instancia vamos a ser nosotros, pero está claro que también va a acabar perdiendo los ciudadanos», apuntó el portavoz de Jucil, quien insistió en que la reforma que debilita el «principio de autoridad», lo que va a «reforzar la delincuencia y debilitar a los ciudadanos».

Igualmente dura la Confederación Española de Policía (CEP). «Fernando Grande-Marlaska no puede continuar ni un minuto más al frente de ese departamento tras el anuncio del acuerdo que el PSOE, Sumar y los herederos políticos del terrorismo», afirmó el sindicato en un comunicado, en el que, sobre todo, criticó la prohibición del uso de las pelotas de goma, lo que supone, afirmó, «el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia».

«El pacto alcanzado para la amputación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es tan grave que constituye un evidente intento de desmantelar el modelo de orden público español y situarlo en un punto de no retorno para que los comportamientos violentos en la calle puedan abrirse paso en medio de la más escandalosa impunidad», llegó a asegurar la CEP.

Jupol, el mayor sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, calificó el acuerdo de Bildu con los partidos del Gobierno como «un misil en la línea de flotación del principio de autoridad de la Policía Nacional». Desde Jupol igualmente se criticó con dureza el acuerdo para acabar con las expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla, que deja al «Estado sin herramientas» para las devoluciones de clandestinos durante los saltos masivos.