La Audiencia Nacional abre investigación a Alvise Pérez por supuesta estafa piramidal
ESPAÑA
Los juzgados centrales inician las pesquisas sobre Madeira Invest Club sin remitirlas de momento al Supremo por la condición de aforado del eurodiputado de Se Acabó La Fiesta
04 oct 2024 . Actualizado a las 11:46 h.La justicia comienza a estrechar el cerco en torno a Alvise Pérez. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido tres denuncias presentadas contra el denunciante del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, el empresario Álvaro Romillo, por la presunta estafa piramidal cometida a través de Madeira Invest Club por una cantidad estimada superior a los 11 millones de euros. Calama asume así y acumula la instrucción sobre las demandas presentadas por tres asociaciones de consumidores y usuarios de criptomonedas. De momento, el magistrado rechaza inhibirse en favor del Tribunal Supremo -Alvise goza de aforamiento en su condición de miembro de la Eurocámara- a la espera de acreditar «indicios de responsabilidad».
En su auto, el juez indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, aparece con «meridiana claridad» que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado.
El juez señala que el perjuicio globalmente denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los 7 millones de euros que ha venido fijando el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. Además, el instructor se basa en criterios de funcionalidad para concluir que la Audiencia Nacional es el órgano judicial que se encuentra en una posición más favorable para afrontar la investigación.
Instrucción compleja
En el presente caso, indica el magistrado, se atisba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional a los efectos de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros.
El auto indica que los documentos incorporados en las denuncias y enlaces a información externa apuntan a que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros, circunstancias estas que sitúan a este órgano judicial en una posición favorable desde un punto de vista funcional para afrontar la investigación.
En el caso del Alvise Pérez, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas amplió su denuncia inicial para solicitar que el juzgado se inhibiera en favor del Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado. En su escrito, el juez explica que dicha petición no puede ser atendida sin formular la correspondiente exposición razonada en la que debería motivar las razones que le asisten para creer que es competente el Alto tribunal.
Calama recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido precisando cuál es el significado procesal de la remisión de la exposición razonada para el conocimiento de los hechos delictivos inicialmente atribuidos a cualquier aforado. Así, subraya que «la exposición razonada que ha de ser remitida para la investigación de cualquier aforado solo será procedente cuando aparezcan indicios de responsabilidad».